Un informe documenta graves irregularidades en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de los Comandos de Frontera en Putumayo, Colombia, incluyendo el ingreso de menores de edad, la realización de fiestas, el consumo de licor y drogas, amenazas contra trabajadores y rituales chamánicos que pusieron en riesgo la salud de los ocupantes. El documento, elaborado con reportes de la corporación Rotorr -operadora del espacio- y con registros fotográficos y audiovisuales, evidencia la falta de control en un lugar destinado a facilitar la transición de integrantes armados a la vida civil. Los hechos fueron documentados entre el 10 y el 15 de octubre de 2026, apenas unos meses después de que la ZUT comenzara a funcionar el 18 de junio de ese mismo año en el municipio de Valle del Guamuez, en una zona fronteriza con Ecuador, Perú y Brasil.
Según el informe, el 10 de octubre ingresaron menores de edad al lugar, y tanto la Consejería de Paz como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tuvieron que gestionar su salida. Al día siguiente, se detectó el ingreso de bebidas alcohólicas, y trabajadores que denunciaron el tráfico de licor fueron amenazados. Entre el 13 y el 14 de octubre, aparecieron más cargamentos de licor de contrabando y sustancias no autorizadas, se registró una pelea con lesionados que requirió intervención médica, y se grabó en video un ritual chamánico en el que un chamán recomendó a uno de los ocupantes suspender su tratamiento médico. Las imágenes muestran al chamán pronunciando frases como «Él es mío, es para mí, él es débil para mí, yo no creo en Dios», mientras la enfermera del lugar intentaba explicar al ocupante la necesidad de continuar con sus controles y medicación.
Inversión millonaria y descontrol permanente
La ZUT, conocida como la «mini-Caguán» por su parecido con la antigua zona de despeje de San Vicente del Caguán, fue autorizada por el Gobierno nacional para concentrar a cerca de 99 integrantes de los Comandos de Frontera. La infraestructura se construyó en 25 días en una zona de difícil acceso, con una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos, según el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que asegura que el costo no debía superar los 3.000 millones. De los 99 excombatientes que llegaron inicialmente, cinco meses después solo permanecían alrededor de 50, y ante la orden de cierre del lugar, un grupo de ocupantes abandonó la zona, retuvo a un vigilante y se llevó equipos, incluidas antenas de internet.
El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, fue contundente al referirse a la situación: «Todos los días se emborrachan, todos los días hacen fiestas y lo más lamentable es que allá hay niños, niñas y adolescentes». Por su parte, Ana María Velázquez, directora ejecutiva encargada de Rotorr, la corporación operadora, señaló que «ellos quieren vivir allá prácticamente como en un hotel y hacer lo que les da la gana», y agregó: «Es una persona, un administrador, contra 99 excombatientes». Velázquez defendió además el costo de la obra, argumentando que se trató de una construcción acelerada en una zona con presencia de grupos armados que bloquearon el paso o se apropiaron de equipos.
«Todos los días se emborrachan, todos los días hacen fiestas y lo más lamentable es que allá hay niños, niñas y adolescentes»
Carlos Andrés Ríos, director del Dapre
La situación se complica aún más por el contexto financiero. La Contraloría General de la República señaló que, de los 443.000 millones de pesos apropiados para la política de paz total, cerca de 70.000 millones no cuentan con justificación contractual clara. Además, una tutela presentada por 62 personas suspendió el cierre de la ZUT y extendió su funcionamiento por seis meses, mientras el contrato del operador Rotorr está vigente hasta el 30 de noviembre. El exjefe de la negociación, Armando Novoa, dijo no conocer las irregularidades y las atribuyó a la falta de controles posteriores, en un escenario que deja en evidencia las profundas fallas en la gestión de estos espacios transitorios de paz.
