La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo lanzaron una alerta nacional al revelar un panorama crítico de abandono estructural que mantiene a miles de adultos mayores y personas con discapacidad atrapados en instituciones de salud y centros de larga estancia sin posibilidades de egreso. El informe, titulado ‘Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad’, fue publicado en cumplimiento de la orden 15 de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional y contiene datos recopilados a través de un censo en la mitad de las alcaldías del país y registros del Instituto Nacional de Salud. El diagnóstico es contundente: fallas estructurales en la política de cuidado, falta de recursos, escasa oferta de servicios, desarticulación institucional y profundas desigualdades territoriales convierten a hospitales y residencias en destinos permanentes para quienes carecen de redes de apoyo familiar, comunitario y estatal.
Las cifras que arroja el informe son alarmantes. Un total de 17.362 personas con discapacidad permanecen institucionalizadas de forma permanente, es decir, por más de dos meses, las 24 horas del día los siete días de la semana. De ese universo, 12.184 personas no cuentan con ninguna red de apoyo. A esto se suman 12.450 adultos con discapacidad psicosocial reportados por las alcaldías y 7.891 personas mayores en situación de abandono que también están institucionalizadas, de las cuales 4.941 llevan más de un año internadas. Los casos de negligencia y abandono contra personas mayores registrados entre 2022 y 2025 ascienden a 10.942, lo que representa un incremento acumulado del 87 por ciento en solo cuatro años.
Soledad institucionalizada
El abandono en hospitales es una de las caras más crueles de esta crisis. En 2022 se reportaron 104 adultos mayores abandonados en centros hospitalarios, cifra que saltó a 237 en 2025. Del total, el 60 por ciento son hombres (211 casos) y el 24 por ciento mujeres (84 casos). El informe relaciona la mayor incidencia de abandono en hombres con factores como soledad no deseada, rupturas familiares y ausencia de redes de cuidado. El rango etario más afectado por negligencia y abandono es el de 70 a 79 años, que concentra el 36 por ciento de los casos, seguido por el de 80 a 89 años con un 34,5 por ciento.
La distribución territorial evidencia que el fenómeno no es homogéneo, pero golpea con fuerza en las regiones más pobladas. Bogotá encabeza la lista con 2.683 personas con discapacidad institucionalizadas, seguida por Valle del Cauca con 2.381 y Cundinamarca con 2.324. En materia de notificaciones por negligencia contra adultos mayores, Bogotá registró 3.169 casos; Cundinamarca, 1.186; Huila, 1.103; y Santander, 1.059. Estas cifras revelan una concentración del abandono en centros urbanos y sus áreas de influencia, pero también en departamentos con alta ruralidad donde la oferta de servicios de cuidado es casi nula.
“Hospitales y centros de larga estancia se están convirtiendo en lugares de permanencia indefinida por falta de redes de apoyo”.
Informe ‘Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada’
Un llamado a la acción estatal
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un enfático llamado a fortalecer las políticas de cuidado, crear rutas de egreso coordinadas y ampliar los servicios de apoyo comunitario. El informe advierte que la ausencia de un sistema nacional de información y la desarticulación entre entidades territoriales y nacionales agravan la situación, impidiendo incluso dimensionar con exactitud la magnitud del problema. Los organismos de control insistieron en que la institucionalización prolongada no es una solución, sino la evidencia de un fracaso sistémico que convierte el derecho al cuidado en una promesa vacía para miles de colombianos.
