Una contundente advertencia a la defensa del orden constitucional lanzaron este martes 13 universidades colombianas agrupadas en la alianza Cuidar la Democracia, ante los persistentes intentos del presidente saliente Gustavo Petro por desconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio de 2026, que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella para el período presidencial 2026-2030. En un comunicado público, las instituciones académicas exigieron el apego irrestricto a la Constitución de 1991, luego de que el mandatario saliente, sin presentar pruebas ni acudir a los mecanismos legales establecidos, insistiera en alegar un presunto “fraude” electoral. La alianza, que reúne a universidades de diversas regiones y orientaciones académicas como la Universidad de los Andes, la Universidad de La Sabana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Eafit, entre otras, subrayó que el respeto a la carta magna no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella.
El pronunciamiento de las 13 instituciones —que también integran el CESA, la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad Icesi, la Universidad del Rosario, Uniminuto, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Autónoma de Bucaramanga— se da en un clima de creciente tensión política, luego de que Petro desconociera los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral, que ya ratificó la victoria de De la Espriella. Las autoridades competentes, incluyendo la Registraduría Nacional, el CNE y el Consejo de Estado, han certificado la transparencia de los comicios. Frente a esta situación, las universidades consideraron de la mayor gravedad que la conducta del presidente saliente se salga del cauce constitucional y legal, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder.
Advertencia sobre las vías legales
En su comunicado, la alianza dejó claro que la Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. Recordaron que, en aplicación de esas normas, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el período 2026-2030 al doctor Abelardo de la Espriella. Las universidades también advirtieron que todo funcionario público tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, de lo cual toma juramento, en una clara alusión al comportamiento del mandatario saliente. El presidente electo, por su parte, ya suspendió el proceso de empalme con el Gobierno de Petro, en señal de la ruptura de la transición.
«La Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. En aplicación de las normas constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el período 2026-2030 al doctor Abelardo de la Espriella»
Comunicado de la alianza universitaria Cuidar la Democracia
Presión internacional
La preocupación por el desafío a la institucionalidad no solo proviene del ámbito académico nacional. El Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación liderado por Estados Unidos e integrado por otras 12 naciones de la región, expresó el pasado viernes 10 de julio de 2026 su “profunda preocupación” por los intentos de desconocer los resultados oficiales. En una carta, la alianza internacional rechazó declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados, pongan en duda la integridad del proceso electoral. El comunicado señaló que ignorar los resultados proclamados oficialmente constituye un grave desprecio a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho. Mientras tanto, el presidente saliente continúa sin presentar pruebas ante ninguna instancia judicial o electoral, en un hecho que, según analistas, profundiza la crisis de gobernabilidad antes de la transmisión del mando.
