Dieciséis indígenas del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, llegaron a Medellín el pasado 8 de noviembre tras huir de la violencia generada por la disputa territorial entre el Clan del Golfo (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los desplazados, que conforman cuatro núcleos familiares e incluyen a ocho menores de edad, aterrizaron en el aeropuerto Olaya Herrera en un vuelo dispuesto por la Alcaldía de Nuquí. Fueron recibidos por el equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, rindieron declaración ante la Personería del municipio y posteriormente fueron trasladados a albergues donde reciben asistencia humanitaria.
La situación que obligó a estas familias a abandonar su territorio se enmarca en los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que incluyeron el asesinato de dos indígenas y el presunto secuestro de otra persona en la comunidad de Villa Nueva, corregimiento de Jurubidá. Este mismo hecho provocó un desplazamiento masivo de aproximadamente quinientos indígenas dentro del propio Nuquí, quienes se alojaron temporalmente en el coliseo municipal. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta el 1 de noviembre, tras un oficio de consumación de riesgo ligado a la Alerta Temprana 009 de 2024, advirtiendo sobre el peligro para la población. La Unidad para las Víctimas inició un censo para identificar a los afectados y definir las ayudas humanitarias correspondientes.
Atención en Medellín y llamado institucional
El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, explicó que la Alcaldía brinda atención integral a las víctimas en coordinación con la Personería, donde los desplazados declararon formalmente su situación. En sus declaraciones a Blu Radio, Arcila detalló la respuesta institucional:
«La Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a esta población que viene amenazada y desplazada».
Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín
Además de las dieciséis personas que llegaron a Medellín, se reportó que cerca de trescientos habitantes de la comunidad de Puerto Indio evaluaban también la posibilidad de desplazarse ante el recrudecimiento de la violencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos y la comunidad en general han exhortado al Gobierno Nacional a reforzar la presencia institucional en la zona y a desmantelar las estructuras criminales que provocan el éxodo. La información fue difundida inicialmente por Telemedellín y recogida por diversos medios de comunicación, mientras la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo continúan monitoreando la evolución de esta crisis humanitaria.
