El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente de Colombia el pasado 10 de agosto dejaría costos de reconstrucción estimados en 6.350 millones de dólares, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y a unos 20 billones de pesos colombianos, según un análisis del banco de inversión BTG Pactual. Esta cifra, que cubre principalmente daños en infraestructura y vivienda en los seis departamentos más afectados, presiona ahora el ajuste del Presupuesto Nacional que el Ministerio de Hacienda debe presentar ante el Congreso en las próximas semanas. La emergencia ocurre justo cuando el país enfrenta un delicado momento fiscal, y la reconstrucción se convierte en un desafío mayúsculo para el Gobierno nacional.
El sismo, descrito como el más fuerte de la última década en la región, dejó al menos 260 fallecidos —241 confirmados y 287 desaparecidos según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)—, además de 3.771 heridos y 496 desaparecidos. La Ungrd reportó que 9.215 viviendas fueron destruidas, 45.457 resultaron averiadas y 140 edificios colapsaron. Los daños se extienden a la infraestructura pública: 1.667 centros educativos, 188 centros de salud, 129 vías y dos aeropuertos resultaron afectados en Chocó, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. Las imágenes de calles cubiertas por escombros y fachadas derrumbadas en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó reflejan la magnitud de la devastación.
Impacto en infraestructura y vivienda
El costo estimado por BTG Pactual, equivalente a 20 billones de pesos, busca financiar la reconstrucción de lo dañado en los seis departamentos. La mayor parte de los recursos se destinaría a la reparación y reposición de viviendas, sector donde se concentra el mayor número de afectaciones: más de 45.000 viviendas presentan algún tipo de daño y más de 9.000 fueron declaradas como pérdida total. Además, la red vial y los servicios públicos sufrieron graves afectaciones, especialmente en zonas rurales de difícil acceso, lo que complica las labores de atención humanitaria y la logística para la reconstrucción. La Ungrd, encargada de coordinar la respuesta a la emergencia, ha bloqueado al público un reporte detallado de los daños que estuvo disponible durante varias horas, según reveló la revista Cambio, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en la gestión de la crisis.
El Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Ricardo Bonilla, ahora debe ajustar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año entrante, que será presentado al Congreso, para incluir una partida extraordinaria que permita atender la reconstrucción. Este ajuste se suma a las presiones fiscales existentes por el déficit fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central garantice los recursos de manera oportuna, pues los municipios afectados no cuentan con la capacidad financiera para asumir por sí solos los gastos de recuperación. Mientras tanto, las labores de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos continúan en las zonas más golpeadas, con un balance que aún puede aumentar a medida que se accede a las áreas más apartadas.
