El Tribunal Superior Militar y Policial confirmó las sentencias de 15 y 16 meses de prisión contra los sargentos viceprimeros Wilson Sánchez Guerra y Luis Guillermo Cuello, respectivamente, por consumir bebidas embriagantes y abandonar sus puestos en la Brigada 15 del Ejército en Quibdó, Chocó, durante una alerta de primer grado por amenazas terroristas de grupos armados organizados en abril de 2025. La decisión, emitida el 1 de mayo de 2026, desestimó las apelaciones presentadas en los procesos adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó, destacando que la ausencia de Sánchez Guerra del Centro de Operaciones de Unidad Táctica y de Cuello como comandante de guardia del cantón puso en riesgo la seguridad de la instalación militar.
“En los dos procesos, adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó (Chocó), se documentó que la región estaba bajo amenaza terrorista de grupos armados organizados, por lo que se puso en riesgo la seguridad de la instalación militar”
Justicia Penal Militar
Condenas por venta de armas en Valle del Cauca
En otro caso, los Juzgados 1203 y 1204 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado sentenciaron a 42 meses de prisión sin ejecución condicional, más igual período de interdicción de derechos públicos, a dos soldados regulares del Batallón de Policía Militar N.º 3 por el hurto y venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos a integrantes de un grupo armado organizado en Jamundí, Valle del Cauca, a cambio de 30 millones de pesos. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2026 y la condena se dictó el 28 de abril de 2026, tras una investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, con medida de aseguramiento por el Juzgado 1718 (e) y legalización por el Juzgado 1715. La judicialización se concretó en menos de un mes, lo que derivó en su separación absoluta de la Fuerza Pública.
Exmilitares del Gaula Tolima devuelven medallas ante la JEP
En un acto simbólico supervisado por la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá, 29 exintegrantes del Gaula Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, incluyendo al exteniente William López Pico, reconocieron su responsabilidad en falsos positivos, reconstruyendo el patrón criminal de ejecuciones extrajudiciales en tres etapas: planeación, ejecución y encubrimiento. Devolvieron públicamente sus medallas militares, obtenidas en operativos falsos bajo presiones institucionales para mostrar resultados, a solicitud de las familias de las víctimas, como en la masacre de El Totumo donde murieron cinco hombres presentados como abatidos en combate. Este evento representa un punto de inflexión en la reconstrucción de la verdad sobre estos crímenes sistemáticos.
“Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”
William López Pico, exteniente
Estos fallos y reconocimientos evidencian el compromiso de la justicia militar y transicional con la accountability en las Fuerzas Públicas, fortaleciendo la seguridad nacional al sancionar conductas que comprometen la integridad institucional frente a amenazas terroristas y delitos graves como el tráfico de armas o las ejecuciones extrajudiciales.
