Un grupo de 33 académicos e investigadores colombianos, entre los que figuran epidemiólogos, toxicólogos y pediatras de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Norte, solicitó formalmente al Gobierno nacional que se mantenga suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio para la erradicación de cultivos ilícitos, hasta que se demuestre que fueron evaluados y pueden gestionarse sus riesgos sanitarios y ambientales. La solicitud fue elevada mediante una carta abierta fechada el 22 de octubre de 2026, dirigida a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, y a la directora del Instituto Nacional de Salud, Zulma Cucunubá.
Los firmantes advierten que sustituir el glifosato por el glufosinato de amonio no garantiza por sí mismo la seguridad de las comunidades y el entorno, y exigen que antes de implementar un nuevo programa de aspersión se realicen análisis independientes y rigurosos sobre su perfil toxicológico, la formulación comercial completa, las dosis y volúmenes de aplicación, así como las condiciones operacionales previstas. Este llamado se produce en un contexto donde Colombia mantiene suspendidas las aspersiones aéreas con glifosato desde 2015, tras controversias sanitarias, ambientales y sociales que llevaron a la Corte Constitucional a fijar, mediante la Sentencia T-236 de 2017, parámetros protectores de los derechos a la salud, el ambiente sano y el agua, junto con exigencias de participación y consulta previa.
Evaluación rigurosa y principio de precaución
Los investigadores aclaran que los antecedentes del glifosato no se trasladan automáticamente al glufosinato, pero subrayan la necesidad de un rigor evaluativo previo a cualquier decisión. En su carta, los firmantes piden que la evaluación incluya no solo el ingrediente activo, sino también la formulación comercial completa con todos sus componentes adicionales, las dosis, los volúmenes de aplicación y las condiciones operacionales previstas. Asimismo, solicitan que se consideren los efectos neurológicos, reproductivos, del desarrollo y la carcinogenicidad del herbicida, así como las incertidumbres científicas existentes. Los académicos alertan sobre los riesgos de deriva, es decir, la dispersión del químico fuera del área prevista, la exposición por inhalación, el contacto dérmico y la contaminación de fuentes de agua y alimentos.
Además, exigen una evaluación diferenciada para grupos poblacionales particularmente vulnerables como mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades rurales, según sus condiciones específicas de exposición y vulnerabilidad. Frente a la falta de evidencia concluyente, los firmantes plantean la aplicación del principio de precaución y reclaman mecanismos efectivos de participación comunitaria, acceso público a los estudios realizados, canales de denuncia y sistemas de vigilancia posteriores a cualquier operación de aspersión que eventualmente se autorice.
