Desde el pasado 5 de junio de 2024, la Unión Sindical Obrera (USO), a través de su subdirectiva Meta, mantiene un bloqueo en las bases técnicas y administrativas de las empresas contratistas Braserv, Independence, Serinco y Varisur, impidiendo el despacho de bienes y el movimiento de personal en los campos petroleros Akacías, Chichimene y CPO-09, ubicados en el corredor Castilla–Guamal–Acacías, principalmente en Puerto Gaitán, y con un equipo adicional paralizado en Putumayo. Esta medida ha provocado la suspensión de labores de mantenimiento y perforación de Ecopetrol, la principal operadora del país, durante más de 48 días, afectando directamente a 16 equipos en el Meta y uno más en el departamento sureño.
La controversia laboral se originó por la exigencia de la USO respecto al pago retroactivo del beneficio de «habitualidad dominical», que a juicio del sindicato habría sido liquidado de forma incorrecta. Las consecuencias han sido dramáticas para la cadena productiva: un total de 7.280 empleos se han visto afectados, de los cuales 1.120 son directos y 6.160 indirectos, mientras que 20 empresas especializadas en servicios petroleros reportan graves dificultades operativas y financieras.
Impacto económico y productivo
La paralización ha detenido la producción de casi un millón de barriles de crudo, una cifra que compromete las metas oficiales de producción acumulada previstas para 2026. Según Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el bloqueo «compromete la producción nacional acumulando pérdidas de casi un millón de barriles de petróleo, afectando la generación de regalías, impuestos y dividendos para la Nación». El directivo subrayó que las dificultades logísticas y administrativas han dejado sin soporte la inversión en los municipios impactados, con repercusión directa en las finanzas públicas departamentales y nacionales.
«El bloqueo de los 16 equipos de mantenimiento de pozos en el departamento del Meta supera los 48 días y se mantiene a la fecha, ha generado impactos sobre trabajadores, sus familias, la operadora Ecopetrol, los municipios, el departamento del Meta y las compañías de bienes y servicios propietarias y operadoras de estos equipos.»
Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol
En medio del conflicto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) y Campetrol han hecho un llamado a las partes para que las diferencias por interpretaciones normativas se tramiten «mediante los mecanismos institucionales establecidos en la legislación vigente», según advirtió Castañeda. El sector petrolero representa cerca del 5 % del PIB de Colombia, y la prolongación del bloqueo no solo pone en riesgo la sostenibilidad energética del país, sino que también profundiza la recesión en la cadena de valor y en las comunidades que dependen de la actividad extractiva. Mientras tanto, las empresas contratistas y Ecopetrol enfrentan pérdidas millonarias, mientras los sindicatos insisten en sus demandas ante la falta de acuerdos en las mesas de negociación.
