Una nueva ola de violencia golpea al Nordeste antioqueño, donde la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc ha dejado un saldo de cinco muertos y el desplazamiento forzado de 83 familias durante la última semana de junio, según confirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán. Los enfrentamientos, que incluyeron el uso de drones cargados con explosivos, se concentraron en la vereda Río Bagre, en límites entre Remedios y Segovia, obligando a más de 120 personas a refugiarse en el casco urbano de Segovia, donde las autoridades entregaron ayuda humanitaria a 120 campesinos.
Las víctimas mortales de los combates, ocurridos en los últimos días de junio, fueron cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo y una persona no identificada. Estas cifras se suman a una masacre perpetrada durante el primer fin de semana de junio en la vereda Las Camelias, en Remedios, donde cuatro personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Las víctimas fueron identificadas como Efraín Botero, Rocío Silva y dos trabajadores, cuyos nombres oficiales aún no se han revelado. En un video divulgado el 9 de junio, alias Samata Ruiz, conocida como «La Enfermera» y vocera del frente 4, reivindicó el ataque, señalando a las víctimas como «informantes» y vinculándolas con una finca de «supuestos paramilitares».
Recrudecimiento del conflicto y uso de drones explosivos
El incremento de la violencia en la subregión, que ya registra 116 homicidios en lo que va de 2026 frente a los 96 del mismo periodo del año anterior, ha llevado a las autoridades a activar un consejo de justicia transicional y un consejo extraordinario de seguridad. Los municipios más afectados son Segovia, Remedios y Amalfi. La incursión armada en Las Camelias, que también incluyó la destrucción de dos viviendas y la pintura de grafitis alusivos al grupo armado, requirió más de 24 horas de operaciones policiales para la recuperación de los cuerpos. Frente a esta escalada, la Gobernación de Antioquia ha puesto en marcha una estrategia de seguridad que integra a la Gerencia contra el Homicidio, la Policía, el Ejército y la Fiscalía, en un intento por contener la disputa por el control de economías ilícitas que mantienen a la región sumida en el fuego cruzado.
