La Corte Constitucional de Colombia notificó este 24 de noviembre de 2025 al conjuez Carlos Pablo Márquez para que desempate la votación empatada 4-4 en la Sala Plena sobre la constitucionalidad de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro. Esta decisión surge tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, lo que dividió a los togados en dos bloques: por un lado, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo, Vladimir Fernández y Natalia Ángel, a favor de considerar subsanados los vicios formales; por el otro, Jorge Enrique Ibáñez, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo, inclinados por ordenar una resubsanación y devolver el proyecto al Congreso. Márquez, ahora con la responsabilidad de analizar el expediente completo, emitirá el voto decisivo que determinará si la reforma avanza o regresa al Legislativo.
El impasse tiene su origen en el Auto 841 del 17 de junio pasado, cuando la Corte ordenó devolver el proyecto a la Cámara de Representantes por un debate insuficiente, específicamente por la interrupción con una votación en bloque del texto del Senado y la omisión de una discusión artículo por artículo, como lo había solicitado la representante Catherine Juvinao. El 28 de junio, la Cámara subsanó con 104 votos a favor acogiendo la proposición del Senado, pero la interpretación de si esto cumplió cabalmente las tres órdenes de la Corte —debatir la proposición sustitutiva, votar la proposición y debatir el texto del proyecto, según sostuvo Ibáñez— generó la división. La ponencia inicial de Ibáñez para declarar inexequible la reforma perdió respaldo, inclinando la balanza hacia propuestas de resubsanación.
Incertidumbre que afecta a millones de colombianos
Esta parálisis genera un retraso de más de seis meses desde el 1 de julio de 2024, fecha clave para la reforma, e impacta directamente a 17 millones de afiliados al sistema pensional, así como a 3,1 millones de adultos mayores beneficiarios del Pilar Solidario, que reciben un bono de 230.000 pesos. El 80% de la reglamentación ya está listo, pero la incertidumbre frena traslados a Colpensiones, planeación de trabajadores, adaptaciones técnicas de fondos privados y la estabilidad financiera familiar. Los fondos privados han solicitado a la Corte mantener la constitucionalidad para evitar una catástrofe financiera, en un contexto similar al precedente de la Ley Estatutaria de Participación Democrática en 2013, que requirió dos correcciones en el Senado.
«La gente no sabe si esperar, trasladarse o mantenerse donde está. Esa incertidumbre afecta el ahorro, la planificación familiar y la estabilidad financiera del país».
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Fuentes de la Corte, citadas por La Silla Vacía, han revelado tensiones internas: «la ponencia se caía porque se estaba castigando a la Cámara por detalles en los que el auto no era claro», y «el problema es que la Corte ha debido dar la orden al revés». Por su parte, el constitucionalista Héctor Riveros, de la Universidad del Externado, explicó que «la Corte no entendió que, cuando la Cámara aprueba que se acoja el texto del Senado, en realidad lo que está haciendo son dos proposiciones al tiempo». El ministro Sanguino enfatizó el costo humano: «cada día que pasa es un día más sin la posibilidad de una vejéz digna, que es un derecho fundamental».
La resolución final de Márquez podría definir no solo el futuro de la reforma pensional, sino también la estabilidad del sistema para millones de colombianos, en medio de un debate que pone en jaque la vejez digna y la planificación nacional, según reportes de Colprensa, la Corte Constitucional, @AntonioSanguino en X y La Silla Vacía.
