La Contraloría General de la República detectó 48 hallazgos fiscales por un valor de 1.513 millones de pesos en el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, ejecutado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante 192 convenios interadministrativos con Juntas de Acción Comunal (JAC) en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Esta revisión, realizada mediante control fiscal posterior y selectivo durante las vigencias de 2023 y 2024 hasta diciembre de ese año, pone en evidencia irregularidades en la intervención de vías rurales como parte de la estrategia de Paz Total del Gobierno nacional.
El programa, diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, ha mostrado un avance mínimo con solo 117,2 kilómetros ejecutados, equivalente al 0,36% de la meta. De una inversión inicial proyectada en 8 billones de pesos, para el período 2023-2024 se presupuestaron 4 billones, de los cuales solo se asignaron 660.000 millones, representando el 16,40%. En 2023 se suscribieron 1.035 convenios, de los cuales 141 no terminaron, 7 se liquidaron sin ejecución alguna y 856 concluyeron, pero con un plazo promedio de 10 meses, un exceso del 333% respecto a los tres meses inicialmente pactados. Para 2024, la cifra subió a 1.125 convenios, con 242 en ejecución, ninguno terminado y 883 suspendidos.
Deficiencias en ejecución y controles
La auditoría reveló serias falencias en los estudios técnicos previos a la suscripción de convenios, así como en la capacitación adecuada para las JAC que asumieron obligaciones sin preparación suficiente. Se identificaron pagos sin justificación, incumplimientos contables y ausencia de soportes documentales, junto con una supervisión deficiente delegada en interventores y presidentes de JAC. Estas irregularidades comprometen la gestión financiera y operativa del programa.
Ante estos hallazgos, Invías deberá presentar un plan de acción para realizar ajustes y mejorar la ejecución. El informe subraya la necesidad de fortalecer los controles para garantizar que los recursos destinados a la Paz Total lleguen efectivamente a las comunidades rurales, evitando pérdidas patrimoniales y retrasos que afectan la conectividad en zonas apartadas de Colombia.
