El gobierno del presidente Gustavo Petro llevó a cabo la venta directa de títulos de tesorería (TES) por un monto de 6.000 millones de dólares a la gestora internacional Pimco el 19 de diciembre de 2025, sin realizar subasta pública ni anuncio previo, lo que ha desatado una fuerte polémica por la aparente falta de transparencia en la operación. Esta transacción, formalizada por el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, permitió a la Nación disponer inmediatamente de recursos equivalentes a 23 billones de pesos colombianos, con el objetivo de fortalecer la liquidez ante la volatilidad electoral prevista para las elecciones presidenciales de 2026.
La operación se realizó de manera privada, evaluando propuestas de diversos fondos internacionales, y evitó el mecanismo habitual de subastas del mercado de capitales. De los 6.000 millones de dólares colocados, se monetizaron 1.000 millones en el mercado local, mientras que 930 millones se destinaron a liquidar derivados previos, con tasas iniciales 75 puntos base por encima de la valoración de mercado para esa porción. La monetización del saldo restante se hará de forma gradual pero acelerada en moneda local. Pimco se comprometió a una estrategia de buy and hold, aunque sin cláusula contractual explícita y sujeto a monitoreo posterior.
Críticas por opacidad y riesgos fiscales
Economistas y exfuncionarios han cuestionado duramente la decisión de eludir las subastas públicas, que garantizan igualdad de condiciones y una formación transparente de precios. Esta irregularidad ha llevado a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de control fiscal sobre la transacción. Javier Cuéllar, quien asumió su cargo el 3 de abril de 2025, defendió la medida argumentando la urgencia de liquidez en un contexto preelectoral delicado.
«Nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
«El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, lamentó la pérdida de un mercado de capitales transparente y profundo, donde tradicionalmente se conocen plazos, tasas y montos con antelación, al contrastarlo con esta entrega discreta de 23 billones de pesos a un inversionista privado sin detalles previos. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, advirtió que esta opacidad alimenta percepciones de estrés fiscal y podría encarecer el financiamiento estatal en general, insistiendo en que la urgencia no justifica abandonar las subastas.
La controversia pone en el centro del debate la gestión de la deuda pública colombiana en un año marcado por tensiones electorales, con la operación iniciando su monetización el 23 de diciembre de 2025 y cuestionamientos que podrían derivar en mayores escrutinios institucionales.
