El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender por 30 días los efectos del decreto de emergencia económica y social expedido por el presidente Gustavo Petro. La demanda, impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, junto al director del partido Gabriel Jaime Vallejo, va dirigida contra la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, y busca una suspensión inmediata de sus efectos hasta que la Corte Constitucional realice el control de constitucionalidad correspondiente. Esta iniciativa se radicó recientemente, en medio del contexto del archivo de la reforma tributaria del Gobierno por parte del Congreso el pasado 9 de diciembre de 2025.
Los accionantes argumentan que el decreto representa un uso estratégico del poder de excepción para eludir los controles constitucionales, sin que existan hechos nuevos o imprevisibles que lo justifiquen. El Gobierno ha citado un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos para respaldar la medida, que habilita la expedición de decretos con fuerza de ley, incluyendo tributarios por hasta 41.000 millones de dólares, equivalentes a 155.000 millones de pesos en impuestos especiales. El decreto entró en vigor de manera inmediata, aprovechando la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que genera preocupación por posibles impactos en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Argumentos y solicitudes específicas
En la tutela, se pide al juez que ordene al Ministerio de Hacienda y a la DIAN abstenerse de imponer o recaudar nuevos tributos derivados del decreto durante el período de suspensión. Esta acción se suma a otras presentadas por la representante Angélica Lozano y la senadora Cathy Juvinao, del Partido Verde, directamente ante la Corte Constitucional, en un esfuerzo conjunto por cuestionar la constitucionalidad de la emergencia económica.
«permitir la aplicación del decreto durante ese lapso implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho»
Accionantes en la tutela
«permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos»
Centro Democrático en comunicado
Esta movida judicial del Centro Democrático busca frenar lo que perciben como un atajo ejecutivo ante el rechazo legislativo a la reforma tributaria, en un momento de alta tensión política que podría definir el rumbo fiscal del país en los próximos meses.
