El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por los graves incidentes de violencia protagonizados por sus aficionados durante la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025, disputada el 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La Resolución No. 134 de 2025, emitida el 29 de diciembre, establece suspensiones de localía y multas millonarias basadas en informes arbitrales, actas de la Policía Militar Urbana y registros audiovisuales que documentaron lanzamientos de objetos, invasión al campo de juego, agresiones contra personas y bienes, así como el uso de pirotecnia no autorizada.
Independiente Medellín recibió una multa de 3.914.625 pesos y una suspensión de seis fechas para jugar de local, mientras que Atlético Nacional fue sancionado con la misma cifra económica, a pagar en un plazo de 20 días, y tres fechas sin público en su condición de local. Estos castigos responden a los desmanes que dejaron un saldo de 54 personas lesionadas, incluyendo miembros de la fuerza pública, y provocaron retrasos significativos en el encuentro: nueve minutos en el inicio del primer tiempo y ocho en el segundo. Entre los hechos adicionales se registraron el uso indebido de pólvora que causó quemaduras a una patrullera policial y lesiones a personal logístico, agravados por vallas de protección insuficientes en las zonas de hinchadas más conflictivas.
Contexto de la final y defensas de los clubes
El partido definía el título de la Copa BetPlay 2025, donde Atlético Nacional se impuso por la mínima diferencia para alzarse con su octavo trofeo, aunque los disturbios impidieron la realización de la ceremonia de premiación. Tanto Medellín como Nacional presentaron sus defensas ante el Comité: el equipo local argumentó una planeación diligente con mesas de convivencia, campañas preventivas y logística reforzada, mientras que los verdolagas enfatizaron su rol como visitantes sin competencia en la organización del evento, limitando su responsabilidad a los hinchas propios.
Los clubes tienen la opción de apelar las decisiones, pero las sanciones aplicarán en cualquier estadio que usen como local. La resolución ha generado una fuerte polémica en las redes sociales, donde aficionados y analistas debaten la magnitud de los castigos en medio de un fútbol colombiano marcado por recurrentes episodios de violencia.
