La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por irregularidades en el proyecto de ciclorrutas del Oriente antioqueño, ejecutado durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La decisión también alcanza a Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes y siete exfuncionarios de Indeportes Antioquia, así como a las empresas Ingecon, IDC y una aseguradora internacional, en el marco de contratos interadministrativos entre la Empresa de Vivienda e Indeportes que presentaron debilidades en la etapa precontractual y fallas en la ejecución, dejando obras inconclusas pese a importantes desembolsos.
El proyecto, promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia para conectar municipios como Rionegro y Marinilla, tuvo una inversión inicial cercana a los 25.000 millones de pesos y un contrato interadministrativo por 34.458 millones, de los cuales se desembolsaron 26.186 millones a proveedores sin que las obras se finalizaran, según los hallazgos de la Contraloría. Estas irregularidades fueron advertidas hace más de cinco años por veedurías ciudadanas, y ahora la Contraloría General de la República ha asumido el poder preferente, remitiendo copias a la Fiscalía para evaluar posibles implicaciones penales. Este caso se suma a otra investigación por irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía en Rionegro, por 1.270 millones de pesos.
Reacciones y cuestionamientos políticos
El gobernador Rendón calificó la actuación de la contralora saliente como una «actuación inusitada» con un «evidente tinte político», realizada a última hora y sin competencia, por lo que se ha solicitado la nulidad del proceso. Según Rendón, los puntos críticos de las ciclorrutas ya están contratados por la actual administración, y atribuyó el «desesperado accionar» a que le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos. Por su parte, Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park, destacó complicaciones con la adquisición de franjas de terreno, donde algunos propietarios cedieron pero ahora reclaman daños y perjuicios por años de paralización.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
La información fue consultada en fuentes como Blu Radio, Prensa del Gobernador de Antioquia, Prensa de la Gobernación de Antioquia y Colprensa, en un contexto donde las veedurías insisten en la necesidad de agilizar los procesos para evitar prescripciones y garantizar justicia en proyectos de infraestructura clave para el Oriente antioqueño.
