La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas acusadas de formar parte de una red de corrupción que cobraba sumas millonarias por manipular procesos judiciales relacionados con lavado de activos. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez de la Dijín de la Policía Nacional, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca también de la Dijín, el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo de la misma unidad, Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo del CTI, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional e Inpec Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez. El operativo, liderado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía en su seccional de Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, se llevó a cabo en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2014, 2015, 2024 y 2025, e incluyeron acciones como la eliminación de elementos probatorios, el constreñimiento de testigos para que entregaran datos falsos, la presión a testigos y la intimidación al investigador líder. La red exigía cobros que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano condenado en Estados Unidos por lavado de activos y a sus familiares, con el fin de impedir medidas cautelares de extinción de dominio, evitar nuevas capturas y obstaculizar las acciones judiciales en curso. Las reuniones clave para coordinar estas maniobras se realizaron en Bogotá y Villavicencio en Meta.
Delitos graves y una infiltración profunda en instituciones
La investigación reveló una organización criminal infiltrada en la Policía Nacional, el CTI, la Sijin y el Inpec, lo que evidencia la penetración de redes de corrupción en organismos clave de seguridad y justicia. A los capturados se les imputarán cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial para las audiencias de imputación de cargos.
Este desmantelamiento no solo expone la gravedad de la corrupción en el sistema judicial colombiano, sino que también deja abierta la posibilidad de que existan más personas vinculadas a la red, según indicios preliminares de la Fiscalía.
