El presidente Gustavo Petro firmó este 23 de diciembre de 2025 la Resolución 474, que prorroga por siete meses adicionales la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33, disidencia del Estado Mayor Central de las Farc-Esp bajo el mando de alias Calarcá Córdoba, ubicada en la zona rural del municipio de Tibú, en el Norte de Santander. Esta medida se toma en medio de intensos enfrentamientos entre esta disidencia y el ELN en la región del Catatumbo, con el objetivo de continuar el alistamiento para el ingreso de los integrantes del grupo armado a la zona pactada.
La prórroga llega en un momento crítico, ya que el plazo inicial de traslado de 45 días, establecido en la Resolución 161 de mayo de 2025, venció el pasado 7 de julio. En los últimos días, los choques han generado al menos 300 desplazados, con 100 familias que huyeron hacia Cúcuta y otras 15 hacia Ocaña en una sola jornada, exacerbando la crisis humanitaria en la zona.
Escalada de violencia y origen de la ZUT
La Zona de Ubicación Temporal fue pactada inicialmente en mayo de 2025, tras una reunión en San José de Cúcuta, por un periodo de siete meses mediante la Resolución 161. Desde entonces, el Gobierno Nacional mantuvo encuentros con el Frente 33 entre mayo y noviembre para preparar la logística del traslado. Sin embargo, la escalada de violencia se intensificó desde el 24 de diciembre de 2025 en veredas como La Gabarra y Pacheli, donde ambos grupos armados han recurrido al uso de drones y han tomado control de poblaciones, dejando comunidades rurales de Tibú confinadas y en alerta máxima.
«La situación en el Catatumbo sigue crítica»
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha expresado profunda preocupación por los riesgos que enfrentan las comunidades y la falta de garantías de seguridad en la implementación de la ZUT, reiterando las advertencias iniciales sobre su viabilidad en un contexto de confrontaciones armadas que no cesan.
