El presidente de Colombia, Gustavo Petro, justificó la declaratoria de emergencia económica y la adopción del Decreto 1474 de 2025, que incluye medidas tributarias para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, al reconocer que la rechazada ley de financiamiento era en esencia una reforma tributaria y al culpar al Congreso de haberlo obligado a recurrir a esta vía ejecutiva. El decreto, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tras el rechazo de las comisiones económicas del Congreso, busca recaudar 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit en un presupuesto que asciende a 546,9 billones de pesos, y entrará en vigencia a partir de 2026 en todo el territorio nacional.
Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la rebaja del umbral para el impuesto al patrimonio de personas naturales, que pasa de cuatro mil millones de pesos a dos mil millones de patrimonio líquido, con una tarifa marginal máxima que aumenta del 1,5 por ciento al 5 por ciento. Estas medidas incrementan la presión fiscal sobre grandes patrimonios, empresas, el sector financiero, la extracción de hidrocarburos, bienes de lujo, licores, tabaco y juegos de azar, sin establecer el impuesto al patrimonio para sociedades y con restricciones al uso de regalías como costo o deducción fiscal, además de incrementos específicos en hidrocarburos y el sector bancario.
Presión fiscal y posibles impactos en consumidores
El contexto de esta declaratoria radica en el rechazo congressional a la ley de financiamiento que pretendía recaudar los mismos 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto desfinanciado de 2026, lo que generó un debate sobre el manejo de las finanzas públicas. Analistas como el abogado tributarista Durán, conocido como El Man de los Impuestos, han seguido de cerca estas discusiones, destacando los riesgos de traslado de la carga tributaria a los consumidores mediante el encarecimiento de servicios, créditos y comisiones.
“Como ven, la reforma tributaria decretada no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo el gran capital, los grandes propietarios y los grandes rentistas del país. Por eso el Congreso no la aprobó y nos obligó a la emergencia”
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Desde la oposición, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda cuestionó la necesidad de nuevos impuestos al argumentar que el recorte debía enfocarse en el gasto público, recordando que al 30 de noviembre se registraban 75 billones de pesos no ejecutados, de los cuales 34,4 billones correspondían a inversión.
“El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16, si a noviembre 30 tienen $75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34,4 son de inversión”
Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador
Esta medida por decreto abre un nuevo capítulo en las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por el control del presupuesto nacional, con posibles repercusiones en la economía colombiana al aumentar la carga impositiva en sectores clave y generar incertidumbre sobre su efectividad para cerrar la brecha fiscal sin afectar indirectamente a la clase media y trabajadora.
