La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió quince demandas de nulidad presentadas en contra de la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, en un fallo que se conoció antes del 13 de enero de 2026, y ordenó el cambio de ponente en un recurso de súplica el 14 de enero siguiente. El expediente fue remitido al presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, quien asumió como nuevo ponente en reemplazo de Pedro Pablo Vanegas Gil, tras una revisión interna motivada por objeciones a decisiones procesales previas. Las demandas, impulsadas por organizaciones como Dejusticia, la Fundación Jacarandas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (Ilsa), la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, así como un grupo de ciudadanos, cuestionan violaciones a principios de transparencia, igualdad, equidad de género y el artículo 126 de la Constitución Política.
Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo y actual ponente del Decreto 1474 de 2025 sobre emergencia económica, fue elegido en el Senado de la República a partir de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, con 62 votos a su favor frente a 41 obtenidos por María Patricia Balanta, magistrada del Tribunal Superior de Buga y candidata respaldada por el Gobierno nacional. Su periodo como magistrado se extendería de 2025 a 2033, pero las demandas alegan infracciones a la paridad y equidad de género, así como violaciones a la moralidad administrativa por presuntos nombramientos y contratos a familiares de al menos diez magistrados y diez senadores entre 2020 y 2024 durante su gestión en la Defensoría. Este escándalo se agrava porque la Corte Constitucional quedaría con seis hombres y tres mujeres tras las salidas de Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo Rivera y José Fernando Reyes Cuartas, desequilibrando aún más la composición del alto tribunal.
Acusaciones de nepotismo y clientelismo
Los demandantes sostienen que la renuncia anticipada de Camargo a la Defensoría del Pueblo evitó una inhabilidad constitucional, pero no borra las irregularidades en su trayectoria. Este avance procesal llega tras la culminación de una vacancia judicial el 13 de enero de 2026, abriendo la puerta a posibles resoluciones como la nulidad de la elección, la repetición del proceso en el Senado, la devolución de la terna a la Corte Suprema de Justicia o efectos ex tunc o ex nunc sobre los actos realizados por Camargo en su cargo.
“constituye un grave retroceso en la búsqueda de erradicar el nepotismo y el clientelismo como vías de acceso a altos cargos del Estado”
Integrantes del grupo demandante
“Está probado que, durante su período como Defensor del Pueblo, Camargo nombró o contrató a familiares cercanos de al menos 10 magistrados (…) y a familiares de al menos 10 senadores”
Los demandantes
El Consejo de Estado, desde su sede en Bogotá, Colombia, enfrenta ahora un debate de alto calibre que podría reconfigurar el equilibrio de poderes en la rama judicial, en un momento en que la opinión pública exige mayor transparencia en los nombramientos de altos dignatarios.
