Desde el año 2026, en Colombia, los trabajadores formales del sector público y privado con ingresos mensuales superiores a 3.501.810 pesos quedarán excluidos del auxilio de transporte, que ascenderá a 249.095 pesos mensuales, un incremento del 24,5 por ciento respecto a los 200.000 pesos de 2025. Esta medida también dejará fuera a los independientes, informales y teletrabajadores, reservando el beneficio exclusivamente para quienes ganan hasta ese tope salarial y acuden presencialmente a su lugar de trabajo, con el fin de compensar los gastos de movilidad derivados del desplazamiento físico diario.
El auxilio de transporte, regulado por la Ley 15 de 1959 y un decreto anual, no se considera salario, por lo que no suma para el cálculo de prestaciones sociales ni aportes a seguridad social. Su valor diario será de 8.303 pesos, calculado sobre 30 días, y el pago se hará de manera proporcional a los días efectivamente trabajados, incluyendo jornadas parciales, pero excluyendo licencias, incapacidades, vacaciones o suspensiones de contrato. El tope de ingresos para acceder al beneficio equivale a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes sin auxilio, cuyo valor para 2026 se fijó en 1.750.905 pesos, alcanzando así 2.000.000 pesos con el subsidio incluido, frente a los 2.847.000 pesos del tope en 2025.
Exclusiones y alternativas para otros trabajadores
Entre los excluidos destacan los teletrabajadores, quienes en su lugar recibirán un auxilio de conectividad digital por el mismo valor de 249.095 pesos mensuales, adaptado a las necesidades de la modalidad remota. Asimismo, los independientes e informales no califican, y la omisión de este pago por parte de los empleadores genera sanciones administrativas. Esta distinción busca priorizar a los trabajadores de menores ingresos que enfrentan costos diarios de transporte para asistir físicamente a sus labores en todo el territorio nacional.
De esta forma, la actualización para 2026 refuerza el enfoque del auxilio como un apoyo específico para la movilidad de los estratos más vulnerables en el mercado laboral colombiano, manteniendo su esencia desde hace más de seis décadas y ajustándose a la inflación y al salario mínimo para garantizar equidad en los desplazamientos presenciales.
