Andrés Idárraga, ministro de Justicia en ejercicio, reafirmó este fin de semana la veracidad de sus denuncias sobre intervenciones ilegales realizadas mediante el software Pegasus, en respuesta directa a la negación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Idárraga sostuvo que cuenta con el respaldo del general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, quien verificó personalmente el sistema espía, y vinculó las acciones a una posible conspiración contra el Gobierno en plena época electoral, impulsada inicialmente por el presidente de la República hace casi tres años.
Las pruebas presentadas por Idárraga incluyen certificaciones de dos empresas forenses especializadas, que detallan 134 accesos remotos al micrófono de dispositivos, más de 8.700 intervenciones ilegales y la extracción de 2,3 gigabytes de información personal sensible. Entre los archivos vulnerados destacan datos de denunciantes de corrupción y conversaciones privadas con el presidente, lo que eleva el caso a un asunto de seguridad nacional que afecta a altos funcionarios del Gobierno.
Respaldo policial y compromiso de informe detallado
El general Rincón se comprometió a entregar un informe exhaustivo sobre las operaciones de Pegasus, intensificando el escándalo tras la negación de Sánchez, quien calificó la información como errónea. Las empresas forenses anunciaron que presentarán todas las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación, mientras Idárraga apunta a una conspiración interna en el sector Defensa destinada a desprestigiar al Gobierno en este contexto electoral.
“Aquí el problema no es Andrés Idárraga, el ministro de Justicia. Aquí el problema es cómo, al parecer, algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”
Andrés Idárraga, ministro de Justicia (e)
Estas declaraciones, realizadas en recientes entrevistas a medios de comunicación, marcan un nuevo capítulo en las denuncias que se prolongan por casi tres años, subrayando la gravedad de las vulneraciones y la necesidad de una investigación profunda para esclarecer las responsabilidades en este delicado episodio de inteligencia ilegal.
