La Red de Veedurías de Colombia, liderada por su presidente Pablo Bustos, junto con la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal), lanzó una alerta urgente sobre fallas graves en el sistema Alfresco de la Rama Judicial, utilizado para la gestión de expedientes digitales en juzgados de todo el país. Estas irregularidades podrían generar un detrimento patrimonial cercano a los 100 millones de dólares, derivados de un crédito del Banco Mundial por cerca de mil millones de dólares destinado a la modernización tecnológica del sistema judicial. Además, anunciaron una queja formal contra Johana Pimiento, directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Rama Judicial.
El sistema Alfresco, que soporta el Sistema de Gestión Documental Electrónica (Sgde), presenta intermitencias constantes que impiden el ingreso de archivos y el traslado de procesos entre jurisdicciones, afectando no solo a las grandes ciudades sino a regiones de todo Colombia. Estos problemas sistemáticos generan congestión en los despachos judiciales, sobrecarga para los operadores y retrasos en trámites que impactan directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, como las tutelas, que por ley deben resolverse en diez días pero muchas se resuelven hasta cinco días después del plazo establecido.
Retrasos que afectan a la ciudadanía y generan cuestionamientos
Los trabajadores judiciales y veedurías coinciden en la necesidad de una evaluación urgente y la asignación de responsabilidades, destacando cómo estas fallas comprometen el uso eficiente del financiamiento internacional obtenido del Banco Mundial para modernizar la Rama Judicial. La plataforma no solo frena los procesos administrativos, sino que también desespera a los usuarios, incluyendo abogados litigantes que no pueden revisar sus casos de manera efectiva.
«La plataforma no responde, no permite el ingreso de archivos ni el traslado de procesos entre jurisdicciones.»
Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal), vía video en redes sociales
«Esto retrasa los procesos y afecta directamente a los ciudadanos que esperan respuestas judiciales en plazos razonables.»
Escobar
Pablo Bustos enfatizó la gravedad del asunto al afirmar que el sistema está afectando los trámites judiciales en la medida en que los actores principales, la ciudadanía, demora en sus trámites, con respuestas de los despachos que se retrasan y posponen, generando un detrimento patrimonial derivado de un crédito de cerca de mil millones de dólares obtenidos con el Banco Mundial. Por su parte, Asonal recordó que las tutelas deben resolverse en diez días según la ley, pero con estos retrasos muchas se resuelven cinco días después de lo establecido. Escobar añadió que la gente se desespera de ese proceso y no sabe cómo revisarlo desde las plataformas, con los abogados litigantes enfrentando los mismos problemas. La Red de Veedurías, a través de su cuenta @redveedurias, ha visibilizado esta crisis que pone en riesgo la confianza en la justicia digital colombiana.
