Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga Franco, renunció recientemente a su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación y, apenas tres días después de quedarse sin empleo, fue nombrada asesora en el despacho de la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. Este rápido movimiento laboral se da en medio de una fuerte polémica generada por la retirada de una imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presunto prevaricato por omisión en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en agosto de 2025.
El nombramiento de Verdugo se conoció a través del portal de aspirantes de la Presidencia de la República, donde su perfil ya aparece registrado, aunque en su hoja de vida omite su paso por la Fiscalía, entidad en la que trabajó bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo. Verdugo, quien previamente colaboró con Irene Vélez en el Ministerio de Minas y Energía en 2022, cuenta con una extensa trayectoria que incluye asesorías en los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo, así como en el Instituto Distrital de Urbanismo (IDU) y la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá.
Polémica por la imputación reversada
La renuncia de Verdugo ocurre en un contexto de tensiones internas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, marcado por acusaciones de «fuego amigo» y fallas en la seguridad tras el magnicidio de Uribe Turbay. Augusto Rodríguez, director de la UNP, había enfrentado una imputación por presunto prevaricato relacionado con el esquema de protección del senador, la cual fue retirada recientemente por la Fiscalía, lo que él atribuyó a posibles maniobras del ministro Idárraga. Rodríguez denunció que la investigación en su contra parecía motivada por dinámicas políticas y personales, e incluso llegó a sospechar de retaliaciones.
“Incluso llegué a pensar que se trataba de una retaliación del doctor Andrés Idárraga, que ha dicho que yo lo he espiado”
Augusto Rodríguez, director de la UNP
Por su parte, el ministro Idárraga defendió la autonomía de la Fiscalía y rechazó cualquier interferencia de su cartera en las decisiones judiciales, enfatizando el respeto a la separación de poderes en medio del revuelo político.
“No tiene sentido que el Ministerio de Justicia interfiera en las decisiones de la Fiscalía. Sería una falta de respeto hacia la fiscal general y los fiscales que manejan los casos. La Fiscalía actúa de manera autónoma y toma sus decisiones dentro de su competencia. Nosotros respetamos esa independencia y la separación de poderes”
Andrés Idárraga, ministro de Justicia (e)
Este episodio pone de manifiesto las fricciones al interior del Gobierno Petro, donde las pugnas por la seguridad y las imputaciones judiciales han generado cuestionamientos sobre la coordinación entre entidades clave como la Fiscalía, la UNP y los ministerios involucrados.
