La Fiscalía General de la Nación ha ampliado por seis años y ocho meses el plazo de investigación sobre la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata, una cadete oriunda de Marsella, Risaralda, quien fue la única mujer de ese municipio en ingresar a la Policía Nacional y falleció hace más de dos décadas en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. Esta decisión se tomó tras un fallo del Juzgado 58 Penal del Circuito de la capital que rechazó cerrar el caso, vinculado a la red de favores sexuales conocida como Comunidad del Anillo, y en el que se investiga por homicidio agravado a Horacio Serpa Uribe, exministro del Interior durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano.
El plazo base de la investigación era de veinte años, pero se extendió un tercio adicional, equivalente a seis años y sesenta y seis meses, debido a la calidad de servidor público del investigado en esa época, lo que eleva el total a veintiséis años y ocho meses para evitar la prescripción. Esta ampliación se basa en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que permite extender los procesos cuando involucran a funcionarios públicos, ante argumentos insuficientes para archivar el expediente y la existencia de elementos probatorios pendientes.
Irregularidades que mantienen vivo el caso
La muerte de Lina Maritza Zapata fue inicialmente calificada como suicidio, pero surgieron múltiples irregularidades que cuestionan esa versión: la ausencia de rastros de pólvora en su mano, la falta de exploración de otras hipótesis y posibles alteraciones en la escena del crimen. Oficiales de la escuela recurrieron a un perito institucional en lugar de autoridades judiciales, y se reportó manipulación de objetos personales de la víctima. Además, el caso está ligado a la Comunidad del Anillo, una red de favores sexuales dentro de la Policía Nacional que ya llevó a condenas contra dos coroneles. Pendientes de análisis quedan testimonios sobre un nuevo vínculo afectivo de la teniente con el cadete Cifuentes, la autoría incierta de una carta suicida y pruebas técnicas sobre armas y un sable.
«En ese sentido, es claro que en el sub examine al término prescriptivo de la acción penal respecto de los delitos de homicidio agravado por los que se investiga al doctor HORACIO SERPA URIBE, en curso de este estadio procesal, atendiendo el límite máximo de veinte (20) años atrás referenciado, debe efectuarse el anotado incremento de la tercera parte (1/3), equivalente a seis punto sesenta y seis años (6.66), dada su calidad de servidor público para esas calendas, como Ministro de Interior del gobierno del entonces Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano; por lo que el mismo se establece en veintiséis (26) años y ocho (8) meses».
Documento de la Fiscalía General de la Nación
El abogado de la familia de la víctima, Jesús Vergara, expresó su oposición a cualquier intento de cierre prematuro del proceso. «Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión», manifestó Vergara, subrayando la urgencia de avanzar ante la posibilidad de que el crimen sea considerado de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible.
«Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión».
Jesús Vergara, abogado de la familia de Lina Maritza Zapata
Esta ampliación judicial representa un respiro para la búsqueda de justicia en un caso que ha marcado la historia de la institución policial y resalta las sombras de redes de poder en las fuerzas del orden durante los años noventa, mientras la familia de la teniente espera que los elementos pendientes finalmente revelen la verdad detrás de su trágica muerte.
