La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó el escrito de acusación contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, por cuatro graves delitos: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. Esta acción formal inicia el proceso de juicio ante la Corte Suprema de Justicia e implica al exdiplomático como presunto responsable de actos de hostigamiento contra su exesposa, Beatriz Josefina Niño, y su hijo, durante un período de diez años que causaron daños psicológicos, emocionales y físicos.
Las acusaciones detallan una serie de conductas que incluyen violencia sexual e intrafamiliar, así como maniobras fraudulentas en procesos judiciales y un manejo indebido de la custodia del menor, enmarcados en lo que se describe como violencia vicaria y psicológica. Beatriz Josefina Niño, representada por el abogado Felipe Álzate, ha sido la principal víctima de estos presuntos abusos, que ahora pasan a revisión judicial para determinar la responsabilidad del acusado.
Inicio formal del juicio contra el exembajador
Con la radicación de este escrito, se da paso oficial al debate en la Corte Suprema de Justicia, donde se evaluarán las pruebas recopiladas por la Fiscalía sobre los hechos ocurridos a lo largo de una década. El caso resalta la responsabilidad del exembajador en actos de violencia contra su familia, subrayando la gravedad de los delitos imputados que van desde agresiones físicas y sexuales hasta interferencias ilegales en la protección de su hijo menor.
«Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor».
Fiscalía General de la Nación, ente acusador (comunicado)
Este desarrollo marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas, responsabilizando al exdiplomático por presuntos patrones de abuso que han impactado profundamente a su exesposa e hijo, y pone en el centro del escrutinio público la lucha contra la violencia intrafamiliar en altos círculos diplomáticos.
