La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción y bajo la dirección del magistrado Francisco Farfán, abrió una indagación preliminar contra el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda Sarabia, tras recibir una compulsa de copias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El proceso se basa en el testimonio del excongresista Álvaro Ashton, quien reveló presuntos vínculos de Cepeda con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento del Atlántico, específicamente con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. Los seis discos compactos con esta declaración fueron recibidos por la Corte el 28 de octubre, y ya se citó a Cepeda para versión libre el próximo 18 de febrero, ordenándose además ampliar la declaración de Ashton.
Según el testimonio contenido en los discos, Ashton acusó a Cepeda y a una decena de líderes políticos de apoyar acuerdos con las AUC para desviar recursos del presupuesto nacional hacia proyectos que financiaban las actividades delictivas de los paramilitares en varios municipios del Atlántico. Entre los nombres mencionados figuran Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes Varelo, David Char Navas, Jorge Gerlein Echeverría, Trino Luna Correa, Neyla Alfredina Soto Ruiz, Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Noya Zabaleta. Ashton reconoció su propia participación en estos pactos, liderados por Edgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García Ávila. La JEP levantó la reserva del expediente y lo remitió a la Corte Suprema, lo que derivó en este radicado contra Cepeda, mientras que otro similar contra el ahora ministro del Interior Armando Benedetti fue precluido por la misma Corte, asignado al magistrado César Reyes.
El testimonio que sacude al Congreso
En su declaración ante la JEP, Álvaro Ashton detalló cómo estos políticos, incluyéndolo a él mismo, facilitaban la extracción de partidas presupuestales nacionales para nutrir las operaciones paramilitares. El caso de Ashton surge de investigaciones previas por concierto para delinquir y cohecho, y su credibilidad es cuestionada por la defensa de los implicados debido a procesos en su contra por abusos sexuales con menores.
“apoyaban y ayudaban a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”
Álvaro Ashton, excongresista
“todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos”
Álvaro Ashton, excongresista
Reacciones de las defensas
El abogado de Cepeda, Jaime Lombana, cuestionó la validez del testimonio, señalando que la declaración incriminatoria contra el senador se dio precisamente cuando a Ashton se le informó sobre la posibilidad de no ser admitido en la JEP. Por su parte, la defensa de Armando Benedetti destacó la preclusión a favor de su representado por falta de nexos con grupos al margen de la ley, y reveló que existe un proceso en curso contra Ashton por falso testimonio, solicitando su expulsión de la JEP, decisión aún pendiente.
“la declaración en la que involucran al senador Cepeda fue dada cuando se le informó a Ashton la posibilidad de no ser admitido en la JEP”
Jaime Lombana, abogado de Cepeda
“La misma Corte Suprema precluyó el proceso a favor de Benedetti por no existir relación alguna con estos grupos al margen de la ley. Lo que sí existe en este momento es un proceso contra Ashton por falso testimonio y pedimos su expulsión, la cual no ha sido resuelta por la JEP”
Abogado de Armando Benedetti, ministro del Interior
Este nuevo escándalo revive los fantasmas de la parapolítica en Colombia, donde decenas de congresistas fueron investigados por nexos con paramilitares hace más de una década. La indagación preliminar contra Cepeda podría derivar en imputaciones formales, mientras la Justicia Especial para la Paz continúa desentrañando testimonios que involucran a figuras del establishment político en el conflicto armado.
