La Asociación para la Gestión de Asuntos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, conocida como Raíces Afro y fundada en mayo de 2018 por Indra María Núñez Anaya en Agustín Codazzi, Cesar, ha gestionado más de 40.000 millones de pesos en recursos estatales durante el Gobierno Petro. Esta entidad, que inició labores en enero de 2019 con un patrimonio inicial de apenas cinco millones de pesos, experimentó un vertiginoso crecimiento financiero a partir de 2023, expandiendo su patrimonio hasta superar los 3.900 millones en 2024 y proyectando más de 4.000 millones para 2025, gracias a 26 convenios firmados entre ese año y el siguiente, principalmente a través del Sistema General de Regalías y contrataciones directas registradas en el Secop I.
El salto patrimonial fue notable: de más de siete millones en 2020, pasó a 42,6 millones entre 2021 y 2022, y alcanzó los 100 millones en 2023. Raíces Afro, reconocida por el Ministerio del Interior como representante de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Narp), accedió al 1,1 por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías destinados directamente a estas comunidades, según explica el abogado David Gregorio Rodríguez. Sus proyectos se extendieron a tres departamentos, incluyendo ocho iniciativas en el Meta por más de 13.500 millones en Acacías, 3.400 millones en La Jagua de Ibirico y alrededor de 12.500 millones gestionados por la Fundación Social Avivar Afro, dirigida por Rogers Paul Álvarez, además de más de 5.800 millones proyectados para 2025-2026. En este contexto destacan vínculos con figuras públicas como Juliana Guerrero Jiménez, exviceministra de Juventudes y coordinadora pedagógica de la asociación hasta julio de 2024, y su hermana Verónica Guerrero, quien fungió como asistente administrativa hasta marzo de 2022 y luego como directiva.
Expansión paralela a cargos públicos y dudas sobre transparencia
La modificación de estatutos en 2023 amplió los objetivos de Raíces Afro para incluir educación, salud, cultura, medioambiente y economía solidaria, coincidiendo con la expansión financiera y los cargos públicos de las hermanas Guerrero. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la transparencia y supervisión de estos fondos, dada la contratación directa y la limitada divulgación de la ejecución de proyectos para las comunidades étnicas. No se recibieron respuestas de entidades como el Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación ni de la fundadora Indra Núñez Anaya.
“Me retiré hace un tiempo de esa asociación cuando mi tiempo de trabajo finalizó”.
Juliana Guerrero Jiménez, exviceministra de Juventudes
“Su paso y vinculación con la asociación finalizó cuando cumplió con su trabajo dentro de esta”.
Juliana Guerrero Jiménez, exviceministra de Juventudes
Este caso pone de manifiesto las dinámicas de acceso a recursos públicos para organizaciones étnicas en Colombia, donde el 1,1 por ciento del Sistema General de Regalías busca beneficiar directamente a comunidades vulnerables, pero genera debates sobre mecanismos de control y rendición de cuentas en un contexto de rápido crecimiento patrimonial.
