El exmandatario Andrés Pastrana Arango lanzó una dura acusación contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien describió como “hermanos siameses en la violación de topes” durante la campaña presidencial de 2022. La declaración se produjo el mismo día en que la Fiscalía imputó cargos a Roa por irregularidades financieras en esa contienda electoral, específicamente por firmar informes contables inexactos ante el Consejo Nacional Electoral. Pastrana hizo pública su exigencia de un trato igualitario en el proceso desde su perfil en la red social X (@AndresPastrana_).
El escándalo se centra en un exceso de financiamiento que superó los 3.500 millones de pesos, incluyendo aportes prohibidos como los 500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y contribuciones de la Unión Sindical Obrera (USO), cuyo monto no ha sido precisado. Además, Roa adquirió un apartamento en Bogotá valorado en 1.800 millones de pesos a una sociedad relacionada con el controvertido empresario Serafino Iacono, lo que ha avivado las sospechas sobre el manejo de fondos en la campaña de Petro Presidente.
Contexto de la imputación y repercusiones políticas
La Fiscalía formalizó la imputación contra Roa por el delito de violación de topes electorales, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó en noviembre de 2025 que se habían superado los límites de financiamiento y detectó aportes prohibidos, remitiendo el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta decisión incluyó sanciones administrativas para Roa y otros miembros de la campaña petrista. Petro, por su parte, ha calificado el proceso como una persecución política, en medio de un debate que pone en jaque la legitimidad de su elección presidencial.
“hermanos siameses en la violación de topes”
Andrés Pastrana Arango, exmandatario
“La violación de topes, por el Pacto de La Picota y otras fechorías, invalida la credencial presidencial”
Andrés Pastrana Arango, exmandatario
El caso no solo amenaza el futuro de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol, sino que reaviva cuestionamientos sobre la transparencia electoral de 2022 y podría derivar en investigaciones más amplias que involucren directamente al actual Gobierno, generando un nuevo capítulo en la polarizada escena política colombiana.
