La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, centro de estudios económicos del país, estimó que el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, ya aprobado, generará un costo fiscal adicional de 3,8 billones de pesos para el Estado colombiano, comparado con un escenario más moderado de aumento del 6% basado en inflación más productividad. Este análisis destaca impactos en 2026 y un menor recaudo en 2027, afectando principalmente obligaciones en pensiones, nómina pública y recaudo tributario en Colombia.
Entre las cifras clave, la nómina pública enfrentaría 300 mil millones de pesos adicionales, considerando que alrededor de 80 mil empleados públicos perciben el salario mínimo según el Dane. El grueso del impacto, por 3,5 billones de pesos en menor recaudo del impuesto de renta a personas jurídicas en 2027, provendría de la reducción en las utilidades gravables de las empresas debido al mayor costo laboral. Además, el principal golpe recae en las pensiones de Colpensiones y rentas vitalicias por mecanismos de indexación y deslizamiento, junto con un posible aumento de beneficiarios en el Fondo de Garantía Mínima impulsado por el Decreto 1485 de 2025.
Presiones sobre la regla fiscal y el gasto público
En un contexto de presupuesto estatal con márgenes estrechos, este ajuste del salario mínimo complica el cumplimiento de la regla fiscal y el financiamiento público, presionando el ya limitado espacio para maniobras del Gobierno en el saneamiento de las finanzas.
«Los costos fiscales asociados a esos rubros presionarían el ya apretado margen del gasto público, lo que dificulta el retorno a las métricas para el cumplimiento de la regla fiscal. Se reduce el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas públicas»
Informe de Anif
Anif subraya la necesidad de evaluar estos efectos para evitar mayores desequilibrios en las cuentas públicas, en un momento clave para la estabilidad económica del país.
