El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que establecía un aumento del 23 por ciento al salario mínimo legal vigente para 2026, y ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto transitorio ajustado a los criterios legales establecidos en la Ley 278 de 1996. Esta decisión afecta directamente a 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo en el país, y obliga al Gobierno del presidente Gustavo Petro a actuar en un plazo de ocho días para evitar un vacío normativo. El decreto suspendido pretendía convertir el salario mínimo en un salario vital familiar, incorporando conceptos como la brecha de suficiencia material, pero fue cuestionado por entidades como la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip Central).
La providencia judicial argumenta que el Gobierno reemplazó los criterios técnicos obligatorios de inflación y productividad por parámetros alternativos e estudios internacionales no permitidos por la ley, lo que resulta en una motivación inadecuada, ya que el aumento cuadruplica la inflación proyectada y supera varias veces la productividad laboral. De esta forma, las empresas deben continuar pagando el salario mínimo previo hasta la publicación del nuevo decreto, evitando así ajustes salariales prematuros. La medida entra en vigencia de inmediato, aunque el aumento original estaba programado para regir desde el 1 de enero de 2026.
Posiciones encontradas entre Gobierno y sector empresarial
La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip Central) recomendó a las empresas no realizar ningún ajuste salarial ni cambios en sus nóminas de momento, enfatizando que todo ajuste solo tendrá efectos posteriores a la publicación del nuevo decreto, por lo que los salarios pagados antes de esa fecha no incurrirán en devoluciones o retroactivos por parte de los empleados. Además, instaron a revisar las características contractuales con los trabajadores y a manejar la situación con cuidado, guiados por criterios jurídicos para proteger tanto a empresas como a empleados. Por su parte, el Gobierno anunció que enviará inspectores para vigilar el cumplimiento del incremento del 23 por ciento en la quincena del 15 de febrero.
“el llamado principal es a que las empresas no deben realizar, de momento, ningún ajuste salarial ni cambios en su nómina”
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip Central)
“todo ajuste salarial sobre esta decisión solo tendrá efectos posteriores a la publicación del nuevo decreto; es decir, que los salarios pagados antes de la fecha del nuevo decreto no incurrirán en devoluciones o retroactivos por parte de los empleados”
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip Central)
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió el decreto original, afirmando que rige desde el 1 de enero de 2026 y es obligatorio, insistiendo en que el salario vital se cumple y se defiende, al punto de considerar que la quincena del 15 de febrero debe cancelarse con el 23 por ciento de incremento incorporado.
“el Decreto 1469 de 2025, que subió 23% el salario mínimo y lo convirtió en salario vital, rige desde el 1 de enero de 2026 y es obligatorio”
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
“El salario vital se cumple y se defiende”
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
“eso quiere decir que este 15 de febrero debe cancelarse la quincena correspondiente con el 23% de incremento que incorpora el salario vital”
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo
Esta suspensión provisional genera incertidumbre en el sector laboral colombiano, donde el equilibrio entre derechos de los trabajadores y sostenibilidad empresarial se pone a prueba, mientras el Gobierno prepara su respuesta en el corto plazo para definir el panorama salarial de 2026.
