El sector de la vivienda en Colombia experimentó una contracción del 6,5 por ciento en el último trimestre de 2025, marcando diez trimestres consecutivos de descenso, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Vivienda. Esta caída, destacada por la concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez, genera un impacto significativo en el empleo, los subsidios habitacionales y el recaudo fiscal, con efectos particularmente notorios en la capital del país en materia de créditos hipotecarios.
Los lanzamientos de vivienda han regresado a niveles de 2013, mientras que las iniciaciones de obra se equiparan a las cifras de 2020 durante la pandemia. Las regiones enfrentan pérdidas fiscales superiores a los dos billones de pesos, y el empleo directo en el sector, que alcanza casi un millón de personas —el 90 por ciento con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos—, se ve gravemente afectado. Los contratos en construcción duran en promedio seis años, con tasas de vacancia inferiores a tres meses, lo que subraya la estabilidad que se pierde con esta desaceleración.
Caída drástica en subsidios y barreras para familias
Los subsidios asignados han plummeted de 67.000 anuales en 2021-2022 a menos de 9.000 en 2025, dejando cerca de 45.000 familias sin apoyo estatal pese a haber completado sus trámites. En Bogotá, las cuotas hipotecarias han aumentado más del 60 por ciento, impidiendo la compra de vivienda a unas 2.000 familias. Factores como la reducción de subsidios, el desmantelamiento del programa Mi Casa Ya y los ajustes en los precios tope para Vivienda de Interés Social (VIS), impulsados por el alza del salario mínimo, explican esta crisis.
«Este gobierno se ha dedicado a antagonizar y afectar al sector edificador. Sus políticas populistas, como desmantelar Mi Casa Ya, devolvieron al país más de 30 años en política de vivienda, luego de avances significativos en crecimiento económico y avance social.»
Sandra Forero Ramírez, concejal de Bogotá
La construcción representa el primer acceso laboral formal para muchos colombianos, y su contracción alerta sobre la pérdida de empleo de entrada y el menor recaudo para obras públicas. Sindicatos y gremios exigen una revisión de las políticas actuales y la reactivación de mecanismos de apoyo.
«La vivienda no es un lujo. Es una necesidad y un derecho, y el gobierno los desconoció por completo; no se puede hablar de justicia social mientras se deja en un limbo a miles de familias que hicieron el esfuerzo de separar su hogar y hoy ven cómo ese sueño se vuelve más lejano.»
Sandra Forero Ramírez, concejal de Bogotá
El sector edificador acumula las cifras más bajas desde 2013, lo que pone en jaque no solo la economía sino el derecho fundamental a la vivienda, en un contexto donde miles de familias esperan soluciones urgentes del gobierno.
