La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por la grave situación humanitaria derivada del desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalente a 172 personas entre las que se encuentran 63 niños, niñas y adolescentes, en la vereda La Fuente del corregimiento Cerro Azul, en la zona rural de Aracataca, Magdalena. Este éxodo se registró tras intensos combates entre las Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC), que han cesado a la fecha, pero que generaron un pánico generalizado obligando a las familias a refugiarse en el casco urbano, donde se realiza un censo abierto en el Comité de Justicia Transicional.
Los enfrentamientos armados responden a una disputa territorial por el control de zonas estratégicas en la región, lo que ha materializado el riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. La presencia de grupos armados ilegales, junto con artefactos explosivos, ha impuesto restricciones a la movilidad de la población, generando zozobra constante y un riesgo inminente de confinamiento, aunque hasta el momento no se reportan víctimas civiles.
Escalada de violencia y denuncias por violaciones al DIH
La escalada de violencia entre las ACSN y el Clan del Golfo ha intensificado las tensiones en la zona, con otras familias optando por huir hacia municipios vecinos en busca de seguridad. La Defensoría del Pueblo denuncia prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de estos grupos, y hace un llamado urgente a las autoridades para que activen de inmediato un plan de contingencia que incluya atención prioritaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los menores afectados, así como un monitoreo constante de la situación.
Asimismo, la entidad exhorta a la Fuerza Pública y a los grupos armados a respetar estrictamente el DIH y los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. La Defensoría del Pueblo mantendrá un seguimiento permanente a estos eventos para garantizar la protección de los derechos humanos en la región y evitar que la crisis humanitaria se agrave.
