En un tenso debate de control político, las concejalas Rocío Dussán, del Polo Democrático, y Heidy Sánchez alertaron sobre el alto riesgo de deserción escolar que enfrentan cerca de 85.000 niños, niñas y adolescentes en Bogotá, según cifras de la Secretaría de Educación Distrital para 2025. Las ediles denunciaron una vulneración sistemática de derechos educativos, una privatización soterrada del sistema y persecución laboral contra el magisterio, con énfasis en localidades vulnerables como Sumapaz, La Candelaria, Santa Fe y Usme, donde los problemas de seguridad, infraestructura y fallas institucionales agravan la situación.
De los 708.201 estudiantes matriculados, el 12% presenta marcación crítica de deserción, con porcentajes alarmantes como el 59% en Sumapaz, 46% en La Candelaria y 30% en Santa Fe. Las causas principales incluyen el cambio de residencia en el 26,93% de los casos, bajo rendimiento en el 4,01% y escasa valoración familiar en el 1,24%, junto a 522 casos de problemas de salud mental que representan el 75% de las categorías reportadas. Estas cifras se discuten en el marco de presupuestos educativos de $6,97 billones para 2025 y $7,56 billones para 2026, pese a la crisis persistente en acceso, permanencia y continuidad escolar bajo la administración de Carlos Fernando Galán.
Privatización y persecución al magisterio
Las concejalas cuestionaron la tercerización de funciones públicas, evidenciada en contratos con privados como la Fundación Santillana por $1.900 millones, Fundación United Way por $3.539 millones y Corpoeducación por $606 millones, destinados a evaluación y formación docente. Además, denunciaron persecución laboral mediante descuentos salariales a 732 docentes por movilizaciones sindicales, 257 alertas de riesgo docente en 2025 —con 50 concentradas en Usme— y traslados forzados de 45 profesores. El rezago en infraestructura y la reducción de recursos en el presupuesto de 2026, sumado a alertas de seguridad en colegios como San Cayetano y Paulo Freire en Usme, completan el panorama de vulnerabilidades sociales y fallas institucionales.
“Menos niños no significa menos responsabilidad institucional; significa mayor obligación de planear con enfoque territorial y de derechos”
Rocío Dussán, concejal del Polo Democrático
“No es aceptable que miles de niños queden por fuera del sistema por falta de seguimiento y planeación, no se puede seguir normalizando la deserción escolar. Cada niño que sale del sistema educativo es un derecho vulnerado, una trayectoria truncada y una responsabilidad incumplida por el distrito”
Rocío Dussán, concejal del Polo Democrático
Este debate pone en evidencia la urgencia de fortalecer el enfoque territorial y de derechos para garantizar la permanencia escolar, evitando que la alta inversión presupuestal se diluya en privatizaciones y conflictos laborales que amenazan el futuro educativo de Bogotá.
