En un documento radicado este 23 de febrero de 2026 ante la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo de Colombia, treinta y cinco ciudadanos venezolanos detenidos en cárceles del país, conformados por treinta y dos hombres y tres mujeres pertenecientes al colectivo “Víctimas del Falso Terrorismo” y representados por el abogado Kalev Giraldo Escobar, solicitaron al presidente Gustavo Petro la suspensión inmediata de los trámites de extradición hacia Venezuela. Argumentan que la amnistía general decretada en Caracas el 30 de enero de 2026 anula por completo los cargos en su contra, relacionados con delitos políticos como terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.
Los peticionarios enfatizan que esta amnistía extinguiría la acción penal respecto de delitos de naturaleza política o conexos, y advierten sobre el riesgo de violación al principio de no devolución establecido en la Convención contra la Tortura, proponiendo además la aplicación del principio internacional “aut dedere aut judicare” para que Colombia asuma la jurisdicción si la extradición resulta improcedente. Este llamado se da en un contexto de pronunciamientos previos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana sobre reservas a extradiciones hacia Venezuela, respaldados por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU sobre detenciones masivas tras las elecciones venezolanas de 2024.
Contexto de la amnistía venezolana
La amnistía general fue aprobada por la Asamblea Nacional venezolana, impulsada por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y su extradición a Estados Unidos, y abarca hechos ocurridos entre 2002 y 2025, aunque excluye acciones armadas perpetradas por externos o fuerzas de seguridad calificadas como terrorismo. Desde el 8 de enero de 2026, se han presentado más de mil quinientas solicitudes de amnistía, reflejando una crisis profunda en el sistema penal venezolano.
“extinguiría la acción penal respecto de delitos de naturaleza política o conexos”
Documento de los detenidos
Huelga de hambre de colombianos en cárceles venezolanas
La situación de estos venezolanos en Colombia se entrelaza con una crisis carcelaria más amplia en Venezuela, donde más de ochenta colombianos mantienen una huelga de hambre en penales como El Rodeo I, exigiendo su liberación, asistencia humanitaria y acceso al cardenal Baltazar Porras y a la Cruz Roja. Al menos cincuenta de estos huelguistas presentan condiciones de salud delicadas, incluyendo personas mayores de setenta años, mientras familiares mantienen campamentos frente a las cárceles desde el 8 de enero de 2026. La Cruz Roja Venezolana anunció asistencia médica para los eventuales liberados, y la activista Teresa Mise Durá hizo un llamado al gobierno colombiano para proteger a sus ciudadanos detenidos en Venezuela. Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), respaldó estas acciones al afirmar que se realizan “por la dignidad”.
“por la dignidad”
Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp)
Este intercambio de tensiones diplomáticas y humanitarias subraya la urgencia de canales diplomáticos para verificar la amnistía y evitar posibles violaciones de derechos humanos en ambos países.
