La Fiscalía General de la Nación judicializó a Elkides de Jesús Piedrahita Velásquez, conocido con los alias de “Richard” o “Manaty” y cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, miembro de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. El crimen ocurrió el 16 de junio de 2025, cuando un menor de 17 años interceptó al concejal, quien se desplazaba en silla de ruedas, desde una motocicleta y le disparó, utilizando un arma suministrada por las disidencias. La judicialización se llevó a cabo el 24 de febrero de 2026, imputándole además los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravada.
El motivo del asesinato podría estar relacionado con desacuerdos entre Piedrahita y los proyectos sociales impulsados por Espinosa Vanegas, un líder comunitario reconocido por su labor pese a su discapacidad motriz. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, confirmando la ejecución del ataque. Por estos delitos, el cabecilla enfrenta penas de entre 400 y 600 meses de prisión por homicidio agravado, y de 216 a 450 meses por los cargos relacionados con armas, con un límite máximo acumulado de 60 años de cárcel.
Segunda judicialización por el crimen
Esta es la segunda persona procesada por el asesinato del concejal; previamente, el menor ejecutor fue capturado en flagrancia con el arma y la motocicleta utilizada en el ataque, y se le impuso medida de internamiento preventivo, aunque sigue prófugo el conductor de la moto. El menor presenta posibles vínculos con estructuras armadas ilegales. Piedrahita Velásquez no aceptó los cargos y permanece bajo aseguramiento en una cárcel de máxima seguridad debido a otra investigación en curso.
“Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”.
Narrativa de la Fiscalía General de la Nación
El caso resalta la persistencia de la violencia en zonas como San Andrés de Cuerquia, donde las disidencias de las Farc continúan ejerciendo control territorial mediante actos criminales que afectan a líderes sociales e indígenas, dejando en evidencia los desafíos para la seguridad en el occidente de Antioquia.
