El Gobierno de Colombia emitió el Decreto 0173 de 2026, mediante el cual estableció una tarifa diferencial del 1,6% en el impuesto al patrimonio para las empresas del sector financiero y extractivo, incluyendo aquellas dedicadas a la explotación de petróleo, carbón y otros recursos naturales. Esta medida, adoptada en el marco de una declarada emergencia económica, busca recaudar recursos urgentes para enfrentar la emergencia climática y resolver los graves problemas de liquidez que aquejan al Ejecutivo.
La decisión ha generado alertas entre expertos, quienes advierten que podría impactar las finanzas públicas a mediano plazo, especialmente por sus efectos en el sector energético. Este sector, clave para los ingresos fiscales del país a través de impuestos, regalías y divisas, podría ver reducidas sus inversiones y producción si las empresas perciben la norma como imprevisible, lo que incentivaría priorizar oportunidades en otros países.
Expertos cuestionan la estrategia de liquidez del Gobierno
Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana, explicó que esta tarifa diferencial forma parte de una búsqueda desesperada de caja por parte del Gobierno, que enfrenta presiones de liquidez bastante graves. En análisis publicados por Infobae Colombia, los especialistas destacan que el impacto de la medida dependerá de cómo las empresas interpreten su temporalidad, pero ya se vislumbra un riesgo de menor actividad económica en hidrocarburos y finanzas.
«El Gobierno tiene un problema muy serio de caja, muy serio de liquidez, y está buscando la forma de buscar liquidez en el muy corto plazo.»
Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana
«Lo que está haciendo el Gobierno es, en muchos frentes, buscar caja, dadas unas presiones de liquidez bastante graves que tiene en este momento.»
Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, insistió en la necesidad de que las futuras necesidades de recursos se aborden de manera organizada, previsible y negociada, en lugar de precipitada como ha ocurrido recientemente. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para superar restricciones fiscales, pero los analistas temen que genere un círculo vicioso de menores ingresos a largo plazo.
En resumen, mientras el decreto promete alivio inmediato para las arcas públicas, las voces expertas llaman a una reflexión sobre sus consecuencias en la competitividad nacional y la estabilidad económica, en un contexto donde el sector extractivo sigue siendo pilar de la economía colombiana.
