Un análisis de INSILAB advierte que la reforma presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella podría mejorar las cuentas del Estado, pero también aumentar la presión sobre los hogares, provocar conflictos sociales y retrasar las decisiones de inversión. El problema no es solamente cuánto se ajusta, sino quién paga, cuándo y cómo.
Por RICARDO GALÁN OSMA/Libreta de Apuntes
Colombia necesita poner en orden sus finanzas públicas. Sobre eso parece existir un consenso. La discusión empieza cuando se pregunta cómo hacerlo, quién debe asumir los costos y cuánto tiempo tardarán los colombianos en sentir sus efectos.
La Ley de Rescate Fiscal, presentada al Congreso por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, busca corregir el rumbo de las finanzas del Estado, recuperar la confianza de los inversionistas y estabilizar la deuda pública.
¿Puede una reforma diseñada para reducir la incertidumbre económica terminar aumentándola?
La economista Pilar Esguerra Umaña, analista senior de INSILAB, acaba de publicar un estudio que plantea precisamente esa posibilidad.
Su conclusión es importante: incluso si el Congreso aprueba la reforma, Colombia podría terminar los próximos meses con prácticamente el mismo nivel de incertidumbre que registra hoy. Y si el trámite legislativo se convierte en una confrontación política y social, la situación podría empeorar.
Costos y beneficios
INSILAB desarrolla el Índice de Incertidumbre Político-Económica de Colombia (IPE-CO), un indicador que reúne seis factores: situación fiscal, estabilidad institucional, comportamiento cambiario, conflictividad social, seguridad y entorno comercial.
Al cierre del tercer trimestre de 2026, ese índice se ubicó en 62,4 puntos, dentro de una zona de incertidumbre elevada.
La Ley de Rescate Fiscal podría modificar cuatro de esos seis factores. Dos ofrecen oportunidades de mejoría, pero los otros dos representan riesgos.
El principal argumento a favor de la reforma es fiscal. Si Colombia logra reducir su déficit, controlar el crecimiento de la deuda y demostrar que puede cumplir sus compromisos financieros, los mercados podrían recuperar confianza en la economía nacional.
El Gobierno podría conseguir financiación en mejores condiciones. Las tasas de interés de los títulos de deuda pública, conocidos como TES, podrían disminuir y el peso colombiano podría tener un comportamiento más estable.
Pero hay una condición fundamental: los inversionistas necesitan resultados, no anuncios.
Como advierte INSILAB, presentar una reforma no reduce automáticamente el déficit ni modifica la deuda pública. Para que mejoren esos indicadores, la ley tendría que aprobarse, ponerse en marcha y cumplir las metas anunciadas.
Según el análisis, las metas de balance primario no se conocerán hasta marzo de 2027. Además, una parte del ajuste previsto para 2030, equivalente a 0,54 puntos del PIB, depende de mayores ingresos que se esperan como consecuencia del crecimiento económico.
Es decir, una parte de los resultados descansa sobre ingresos futuros que todavía no están garantizados.
La reforma también contempla una nueva regla fiscal, con un límite de deuda equivalente al 71 % del PIB, una referencia de largo plazo del 55 % y mecanismos automáticos de corrección.
INSILAB considera que estos cambios podrían fortalecer las instituciones fiscales, siempre que el Comité Autónomo tenga verdadera independencia frente al Ministerio de Hacienda.
Esa independencia es importante porque las reglas solo generan confianza cuando su cumplimiento no depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno de turno.
El ajuste llega al bolsillo de los hogares
De acuerdo con INSILAB, las medidas previstas para 2030 representan cargas sobre los hogares equivalentes a 2,49 puntos del Producto Interno Bruto.
La ampliación de la base del IVA, los cambios en el impuesto de renta de las personas naturales, los gravámenes sobre determinados productos y los mayores aportes al sistema de salud son medidas que pueden mejorar las cuentas del Estado, pero que también reducen el ingreso disponible de consumidores y familias.
Y cuando los hogares tienen menos dinero disponible, pueden disminuir sus compras, aplazar gastos e incluso recortar su capacidad de ahorro lo cual termina afectando a los negocios, el comercio y la actividad económica.
INSILAB señala como algunas medidas relacionadas con las cotizaciones al sistema de salud pueden aparecer en las cuentas oficiales como una reducción de las transferencias del Estado.
Pero que el Estado registre un menor gasto no significa necesariamente que haya desaparecido ese costo. Lo que ocurre es que la obligación pasa del presupuesto público al bolsillo de las personas o las empresas.
Y para una familia, que el Gobierno clasifique contablemente una medida como ahorro estatal no cambia el hecho de que deberá pagar más.
El riesgo de repetir una crisis social
El estudio recuerda un antecedente que Colombia conoce bien: la reforma tributaria de 2021.
En aquel momento, la propuesta de ampliar la base del IVA fue uno de los detonantes de las protestas que desembocaron en el paro nacional.
Los indicadores de INSILAB muestran que, entre el primero y el segundo trimestre de 2021, el componente social de la incertidumbre aumentó de 58 a 72 puntos, mientras el institucional pasó de 62 a 70.
La situación actual tiene diferencias importantes. El Gobierno de De la Espriella acaba de comenzar su mandato y la propuesta contempla devoluciones del IVA para hogares de menores ingresos.
Pero la advertencia sigue siendo válida: una reforma que concentra nuevos costos sobre la población puede terminar generando una resistencia social capaz de neutralizar los beneficios económicos que busca conseguir. Los colombianos no confían en la devolución del IVA según la experiencia.
Según el estudio, el artículo 7 del proyecto contempla facultades extraordinarias durante seis meses para que el Presidente pueda suprimir, fusionar y reorganizar entidades públicas.
INSILAB menciona también información periodística sobre un borrador de reforma administrativa que contemplaría eliminar o fusionar 105 de las 209 entidades del Ejecutivo.
Conviene distinguir ambos asuntos: las facultades forman parte del proyecto legislativo, mientras que la posible reorganización de 105 entidades corresponde a un borrador que, según las fuentes citadas por INSILAB, todavía no había sido radicado.
Una transformación de esa magnitud podría representar ahorros y mayor eficiencia administrativa, pero también generaría incertidumbre entre empleados públicos, sindicatos, proveedores y ciudadanos que utilizan los servicios del Estado.
La reducción del tamaño del aparato estatal puede ser conveniente si elimina duplicidades y mejora los servicios. Sin embargo, como se ejecuta importa tanto como el objetivo que persigue.
Tres caminos posibles para Colombia
Quizás lo más revelador del análisis es que INSILAB calcula tres escenarios para el comportamiento de la incertidumbre durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.
Primer escenario: la ley se aprueba sin mayores conflictos. La incertidumbre bajaría apenas de 62,4 a 62,3 puntos. Casi nada. Las mejoras fiscales y cambiarias quedarían compensadas por los costos sociales y el debate institucional.
Segundo escenario: el trámite provoca protestas y enfrentamientos políticos. El índice aumentaría hasta 67,8 puntos. Sería un deterioro importante del ambiente económico, aunque todavía por debajo de la zona crítica.
Tercer escenario: el Congreso rechaza la reforma. La incertidumbre llegaría a 66,8 puntos. El país conservaría sus problemas fiscales y aumentaría la desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para corregirlos.
En el mejor escenario, la incertidumbre apenas disminuye una décima. En los escenarios negativos, puede aumentar entre cuatro y cinco puntos.
No significa que esos resultados vayan a ocurrir necesariamente. La propia INSILAB aclara que sus estimaciones se basan en supuestos y juicio experto y no constituyen predicciones econométricas.
Pero permiten entender algo esencial: el costo de una reforma mal tramitada podría ser considerablemente mayor que la mejoría inmediata de una reforma aprobada.
El impacto podría sentirse hasta 2030
Hay una dimensión que pocas veces aparece en el debate público y que merece atención especial. La inversión.
Una empresa que considera construir una planta industrial, ampliar una operación o contratar nuevos trabajadores necesita cierta confianza en el futuro.
Debe tener una idea razonable de cuáles serán sus impuestos, cómo se comportará la economía y qué reglas tendrá que cumplir.
Cuando esas condiciones cambian constantemente, muchas empresas prefieren esperar.
El estudio de INSILAB señala que su índice de incertidumbre presenta una relación negativa con la inversión extranjera directa y la formación bruta de capital fijo, con un rezago aproximado de tres años.
En términos sencillos, los problemas de confianza que se registran hoy pueden reflejarse en decisiones de inversión varios años después.
Por eso, lo que suceda durante el debate de la Ley de Rescate Fiscal podría tener consecuencias sobre la inversión de 2029 y 2030.
Conviene precisar que esta relación estadística no demuestra, por sí sola, que la incertidumbre sea la causa de una determinada caída de la inversión. Pero sí constituye una señal de riesgo que merece seguimiento.
El estudio también retoma un análisis previo de INSILAB sobre el impacto de la reforma en la demanda, que estima efectos de 1,2 y 1,4 puntos de crecimiento en 2027 y 2028, respectivamente.
Así, la economía podría enfrentar dos presiones simultáneas: una asociada al menor ingreso disponible para gastar y otra relacionada con la cautela de quienes tienen recursos para invertir.
El desafío del Gobierno
De este análisis se desprenden varias preguntas que el Congreso debería responder antes de aprobar la reforma.
¿Es posible distribuir las cargas de manera que el ajuste no recaiga en forma desproporcionada sobre los hogares?
¿Puede el Gobierno presentar desde ahora metas fiscales verificables en lugar de aplazar su definición?
¿Cómo garantizar que la nueva regla fiscal funcione con independencia del poder político?
¿Y cómo evitar que una reorganización del Estado termine debilitando los servicios que reciben los ciudadanos?
INSILAB advierte que concentrar las nuevas cargas sobre los hogares en 2028 podría aumentar la incertidumbre social precisamente cuando el Gobierno espera que empiecen a consolidarse los beneficios fiscales.
Una alternativa sería mostrar primero compromisos verificables de disciplina presupuestal, definir una ruta transparente de ejecución y garantizar una distribución de las cargas que reduzca las posibilidades de una confrontación social.
El objetivo debería ser que los colombianos perciban que el Estado también está asumiendo un esfuerzo real de austeridad y eficiencia, y no únicamente trasladando sus problemas financieros a los contribuyentes.
Mis apuntes: rescatar las finanzas sin debilitar la confianza
La Ley de Rescate Fiscal plantea una disyuntiva que no debería resolverse desde las trincheras políticas.
Colombia necesita unas finanzas públicas sostenibles. Un Estado que gasta permanentemente más de lo que puede financiar termina comprometiendo su capacidad para prestar servicios, atender las necesidades sociales y responder a las crisis.
Pero tampoco puede ignorarse que las familias y las empresas tienen límites.
La aprobación de una reforma tributaria no constituye, por sí misma, una victoria económica. Lo verdaderamente importante es que produzca resultados, que sus costos sean razonables y que no termine debilitando la actividad productiva que necesita el país para crecer.
El análisis de INSILAB nos recuerda que las cuentas públicas no existen aisladas de la sociedad.
Una medida puede ser acertada desde el punto de vista fiscal y generar dificultades desde el punto de vista social. Puede tranquilizar a los inversionistas en el corto plazo y, al mismo tiempo, despertar preocupaciones entre consumidores y trabajadores.
Por eso, el Congreso tiene una responsabilidad mayor que simplemente aprobar o rechazar la propuesta presidencial.
Debe examinar cuánto recaudaría cada medida, quién terminaría pagando, cuáles serían sus efectos sobre el consumo y la inversión y qué garantías existen de que el dinero adicional ayudará efectivamente a sanear las finanzas públicas.
Colombia necesita un rescate fiscal. La duda está en si el país será capaz de ordenar las finanzas del Estado sin sacrificar la confianza, la inversión y el bienestar de quienes sostienen la economía.
Porque una reforma que mejora los números del Gobierno, pero deteriora la tranquilidad económica de los colombianos, puede terminar siendo un rescate demasiado costoso.
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