El gobierno colombiano, a través de los ministerios de Trabajo y Hacienda, presentó el pasado 25 de febrero un proyecto de decreto que busca transferir de manera obligatoria, en un plazo de 15 días, los saldos de las cuentas individuales gestionadas por los fondos privados de pensiones como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia hacia Colpensiones. Esta medida afecta a millones de personas que hicieron uso de la ventana de oportunidad prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, y movilizaría recursos por un monto que supera los 25 billones de pesos, generando un intenso debate sobre la legalidad y el impacto en el sistema pensional del país.
La propuesta surge en el contexto de la reforma pensional, que estableció pilares semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario, pero que enfrenta una suspensión parcial por el Auto 841 de 2025 de la Corte Constitucional, dejando vigentes únicamente los artículos 12 y 76. El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa argumentando que normaliza la articulación entre regímenes pensionales, reduce la competencia entre ellos, disminuye el déficit fiscal y ofrece mayores garantías de pensión a los trabajadores, atribuyendo además crisis en entidades privadas a la falta de reformas en pensiones y salud. Sin embargo, el mandatario ha aclarado que la reforma no es aplicable hasta que sea aprobada por la Corte, y ha insistido en que los trabajadores pensionados en Colpensiones tienen derecho a reclamar sus ahorros privados para financiar su pensión.
Críticas jurídicas y de expertos al proyecto
La iniciativa ha desatado fuertes objeciones de expertos y asociaciones del sector. Asofondos ha advertido que la operación implica emplear ahorros pensionales en formas no previstas por la ley, cuestionando la estabilidad del sistema. Abogados y consultores como Kevin Hartmann han calificado el decreto como una violación directa al parágrafo del artículo 76 de la misma Ley 2381, que prohíbe explícitamente el giro de esos recursos, argumentando que el traslado solo debe ocurrir al momento de la pensión y hacia el Banco de la República, no a Colpensiones para su gasto.
“Viola directamente el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 (reforma pensional), que literalmente prohíbe el giro que pretende ordenar el Gobierno”.
Kevin Hartmann, abogado y consultor
Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Reactivación Económica y Financiera (URF), ha enfatizado que ningún decreto puede contradecir la Constitución ni la ley bajo pena de nulidad. Por su parte, Jerome Sanabria, líder del movimiento No con mi Ahorro, ha denunciado la medida como un brazo expropiatorio de la reforma, destacando que el parágrafo establece el traslado al pensionarse y al Banco de la República para su ahorro, no para gasto inmediato.
“Ningún decreto puede contradecir ni la constitución ni la ley so pena de ser declarado nulo”.
Mónica Higuera, exdirectora URF
“La razón es simple: ese decreto viola el parágrafo del artículo 76 de su propia reforma pensional. Esa norma explícitamente prohíbe el giro de esos recursos”.
Kevin Hartmann, abogado y consultor
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, ha criticado el desespero por acceder a estos 25 billones, viéndolo como una reforma tributaria encubierta que sacrifica el ahorro pensional de los colombianos en favor del gasto público.
“Huele a metros el desespero por ‘meterle la mano’ a recursos que liberarían otros en el presupuesto nacional y que se convierten casi en una especie de reforma tributaria ($25 billones) y todo a costa del ahorro pensional de los colombianos, que terminarán en gasto de bolsillo del Gobierno”.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
El debate pone en jaque la gestión de ahorros privados hacia el régimen estatal, con expertos alertando sobre riesgos para la estabilidad financiera de millones de afiliados, mientras el gobierno insiste en su legalidad y beneficios para el equilibrio pensional en Colombia.
