La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) criticó duramente un borrador de decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que ordena la transferencia de 25 billones de pesos en ahorros pensionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, argumentando que esta medida contradice la Ley 2381 de 2024. José Ignacio López, presidente de Anif, alertó sobre lo que calificó como un intento de liquidar los ahorros de trabajadores colombianos que se han trasladado al régimen público, exigiendo el giro de la totalidad de capital y rendimientos de sus cuentas individuales en un plazo de 15 días hábiles, conforme al artículo 76 de la misma ley. Esta revelación, publicada en la cuenta de X de Anif (@AnifCO), generó una inmediata respuesta del mandatario en su cuenta personal (@petrogustavo), quien cuestionó la falta de apoyo de los fondos privados a la reforma pensional.
El enfrentamiento se enmarca en el contexto de la reforma pensional aprobada por el Congreso pero suspendida por la Corte Constitucional a raíz de una decisión del magistrado Ibáñez, manteniendo vigente la competencia entre el régimen de prima media de Colpensiones y los fondos privados de la Ley 100 de 1993, así como la Ley 2381 de 2024. Esta última establece que los recursos deben permanecer en las AFP hasta la consolidación de la pensión de vejez, para luego pasar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República. Decenas de miles de cotizantes han optado por trasladarse a Colpensiones en busca de mejores condiciones de pensión, un fenómeno que ocurre desde antes del actual Gobierno y que, según Petro, evidencia las debilidades de los fondos privados, donde la mayoría de los cotizantes no logra pensionarse.
Alertas macroeconómicas por posible liquidación masiva
Anif advirtió sobre graves riesgos macroeconómicos derivados de esta transferencia masiva, ya que gran parte de los 25 billones de pesos están invertidos en Títulos de Tesorería (TES), lo que podría generar presiones al alza en las tasas de interés de corto plazo y amenazar la estabilidad financiera de las AFP, e incluso llevarlas a la quiebra. López enfatizó que el borrador busca liquidar estos ahorros de trabajadores que voluntariamente migraron a Colpensiones.
“se trata de un proyecto de decreto para liquidar el ahorro de trabajadores colombianos que se trasladaron a Colpensiones por 25 billones”
José Ignacio López, presidente de Anif
Respuesta presidencial defiende la reforma pensional
El presidente Petro replicó en X defendiendo su iniciativa legislativa, recordando que corrige la posibilidad de quiebra de los fondos privados y permite a los trabajadores pensionados en Colpensiones reclamar sus ahorros de las AFP para financiar su pensión. Cuestionó por qué los fondos privados no apoyaron la aprobación de la reforma por la Corte Constitucional, que se convirtió en ley sin aplicación debido a la intervención judicial.
“Sí los fondos privados pensionales están preocupados por el retiro masivo de los cotizantes de los fondos privados ¿por qué no ha apoyado el que la Corte Constitucional apruebe la reforma pensional que se discutió en el congreso y se hizo ley sin aplicación, por voluntad del magistrado Ibáñez? (sic)”
Gustavo Petro, presidente de la República
“la reforma pensional que propuso el gobierno corrige la posibilidad de quiebra de los fondos privados”
Gustavo Petro, presidente de la República
“los traslados de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se vienen realizando desde antes de este gobierno, son decenas de miles de personas y lo hacen porque en Colpensiones adquieren mejores condiciones de pensión que en el fondo privado, que en realidad no pensiona s la mayoría de las y los cotizantes (sic)”
Gustavo Petro, presidente de la República
Este pulso entre el Gobierno y el sector financiero privado pone en el centro del debate público el futuro de los ahorros pensionales de miles de colombianos, con implicaciones que podrían alterar el equilibrio del sistema de pensiones y la economía nacional en un momento de alta sensibilidad por el financiamiento público.
