La Fiscalía General de la Nación presentó este miércoles ante un juez de control de garantías en Bogotá a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento ubicado en el noveno piso de un edificio en el exclusivo barrio Chicó, zona norte de la capital. La intervención directa de Roa en la transacción inmobiliaria con Juan Guillermo Mancera, un policía retirado que actuó como vendedor, habría incluido la oferta de un cargo corporativo o un convenio en filiales de Ecopetrol como recompensa posterior a la venta, según las investigaciones adelantadas por la Dirección contra la Corrupción y el fiscal delegado contra el Crimen Organizado.
La audiencia se desarrolló en Bogotá y forma parte de un proceso que incluye presuntas irregularidades en la negociación, las cuales habrían favorecido a Mancera con un contrato en la petrolera estatal una vez concretada la compraventa. Este caso se enmarca en investigaciones más amplias sobre contrataciones irregulares en empresas estatales y posibles violaciones a los topes de financiamiento de la campaña presidencial de Petro en 2022, sumándose a una serie de escándalos de presunta corrupción que han salpicado a entidades públicas y puesto bajo escrutinio la gestión e imagen de Ecopetrol.
Defensa prepara cuestionamientos a las pruebas
La defensa de Roa, representada por el abogado Juan David León, anunció que cuestionará la validez de las pruebas recolectadas en este proceso relacionado tanto con el apartamento como con la financiación electoral. El caso permanece abierto bajo la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, con una segunda imputación programada para el próximo jueves, lo que podría profundizar las repercusiones en el entorno político y empresarial de la mayor petrolera del país.
Este nuevo episodio intensifica el foco sobre las prácticas en Ecopetrol y las conexiones entre figuras clave del gobierno Petro, recordando la necesidad de transparencia en las operaciones de empresas estratégicas para el país.
