El Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala Tercera de Decisión con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, suspendió provisionalmente el decreto 182 de 2026 emitido por el Ministerio de Salud, una medida cautelar adoptada el 10 de marzo de 2026 tras admitir una acción popular que advertía graves riesgos en la atención médica para los usuarios del sistema de salud colombiano. Esta decisión frena el traslado masivo de más de dos millones de pacientes hacia la Nueva EPS, afectando a 502 municipios distribuidos en 24 departamentos del país, lo que representa cerca de la mitad del total nacional.
Los municipios impactados se concentran especialmente en departamentos como Boyacá con 116, Cundinamarca con 85, Santander con 70, Nariño con 30 y Tolima con 27, entre otros, generando preocupaciones por el impacto en usuarios de zonas frágiles donde la continuidad de los servicios podría verse comprometida. La acción popular argumentó que el decreto generaría perjuicios irreparables en la prestación de salud, lo que llevó al tribunal a examinar las pruebas presentadas y ordenar esta suspensión provisional para salvaguardar los derechos de los afectados.
Contexto del decreto y zonas vulnerables
El decreto 182 de 2026 tenía como objetivo principal facilitar el traslado de pacientes entre las EPS en el marco del sistema de salud colombiano, pero su ejecución quedó paralizada ante los riesgos identificados. Particularmente preocupante es el efecto en regiones remotas como la Orinoquía y la Amazonía, incluyendo departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada, donde únicamente la Nueva EPS operaría tanto el régimen contributivo como el subsidiado, dejando a los habitantes sin alternativas viables de atención.
Esta noticia se encuentra en desarrollo, y desde La Veintitrés Manizales seguiremos informando sobre las implicaciones de esta medida cautelar que podría reconfigurar el panorama de la salud pública en el país, priorizando la protección de millones de colombianos ante posibles desequilibrios en el sistema.
