El senador Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, se entregó voluntariamente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y quedó recluido en el búnker policial de la entidad en Bogotá, tras una orden de detención preventiva emitida por la Corte Suprema de Justicia. Esta medida se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de contratos y recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con hechos ocurridos principalmente en el segundo semestre de 2023.
La pesquisa apunta a contratos de interventoría y obras públicas por un valor cercano a los 92.000 millones de pesos, adjudicados en municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar. Manzur, quien formaba parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito, a cambio de estos contratos en dichas regiones.
Detalles de la trama de corrupción
Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, la interlocución inicial la realizó la representante Karen Manrique, quien luego cedió el rol principal a Manzur en colaboración con ella. Un encuentro clave ocurrió el 15 de diciembre de 2023 en el despacho de Luis Fernando Velasco, quien era ministro del Interior en ese momento, donde se habrían discutido estos arreglos. La Corte Suprema de Justicia, al mando de la indagación, determinó que existían riesgos procesales suficientes para ordenar la captura preventiva del congresista.
Este caso sacude el panorama político colombiano y resalta las vulnerabilidades en la gestión de recursos públicos destinados a la prevención de desastres, especialmente en zonas vulnerables del país. Manzur permanece a disposición de la justicia mientras avanza el proceso, que podría derivar en formalizaciones de cargos por corrupción y tráfico de influencias.
