El Ministerio de Justicia de Colombia, liderado por Jorge Iván Cuervo, envió una carta el 27 de febrero a las autoridades del Reino Unido para priorizar la extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, quien se encuentra detenida preventivamente en la prisión Bronzefield de Londres, la mayor cárcel femenina de Europa. Esta solicitud, respaldada por la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería a cargo de Rosa Yolanda Villavicencio, busca agilizar el proceso por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, derivados del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá. La presión diplomática se canalizó a través de la Cancillería y el Grupo de Extradiciones del Ministerio, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad ante la gravedad de los hechos cometidos contra niños.
Los hechos ocurrieron cuando al menos cuatro envíos de alimentos contaminados con talio, incluyendo frambuesas congeladas enviadas el 3 de abril de 2025 a una vivienda en el norte de Bogotá, provocaron la muerte de dos niñas los días 5 y 9 de abril de ese año, además de dejar con lesiones graves a dos sobrevivientes: una adolescente y una joven de 21 años. La investigación, que cuenta con 18 informes de necropsia e investigación criminal, seis declaraciones y dos entrevistas, vinculó a Guzmán con estos envíos a través de su empresa de mensajería. Una orden de captura fue emitida por el Juzgado 13 de Control de Garantías el 25 de octubre de 2025, y la acusada fue localizada en el río Támesis el 16 de diciembre del mismo año, seguida de una circular roja de Interpol el 6 de enero de 2026.
Presión diplomática y evaluación judicial en el Reino Unido
La gestión para la extradición se ampara en el tratado de 1888 entre Colombia y el Reino Unido, mientras el Tribunal de Magistrados de Westminster evalúa las condiciones carcelarias en Colombia, con posibilidad de una veeduría internacional. La pesquisa incluye testimonios, interceptaciones telefónicas, análisis toxicológicos y registros migratorios, y apunta a una hipótesis de asesinato en serie dirigido a mujeres en Bogotá. Entre los posibles involucrados figuran Zenaida Pava Vargas como cómplice y la familiar Elvira María Restrepo, quien resultó intoxicada el 8 de enero de 2025.
«resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas»
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia
«la decisión final sí está en manos del Reino Unido»
Ángela Costa, directora encargada de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia
Este caso subraya la colaboración internacional requerida para combatir crímenes tan atroces, donde la justicia colombiana insiste en repatriar a la principal sospechosa para que enfrente las acusaciones en territorio nacional, asegurando que no quede impune el dolor causado a las familias afectadas.
