Representantes a la Cámara de Representantes de Colombia, liderados por el presidente de esa corporación Julián López Tenorio y firmantes de partidos como Alianza Verde, Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, además de independientes, presentaron el pasado 18 de marzo una solicitud formal de moción de censura contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Esta proposición, basada en el artículo 135 de la Constitución Política y la Ley 5 de 1992, busca una citación urgente a debate político para examinar las deficiencias en la gestión del sistema de salud nacional.
Los congresistas argumentan que el aumento sostenido de acciones de tutela por vulneración del derecho a la salud, las demoras y quiebres en el suministro de medicamentos, así como expresiones consideradas revictimizantes del ministro hacia familiares de pacientes fallecidos, justifican esta medida. Entre los casos destacados se menciona el del menor Kevin, donde declaraciones del funcionario habrían minimizado el impacto humano de las fallas. Además, persisten interrupciones en tratamientos crónicos, demoras en la entrega de medicamentos y citas especializadas, especialmente para enfermedades de alto costo, lo que agrava la crisis en el sector.
Advertencias de la Defensoría y fallas estructurales
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un incremento significativo en tutelas relacionadas con la negación o entrega tardía de insumos médicos, en un contexto de fallas estructurales en la coordinación, supervisión y correctivos del sistema de salud, incluyendo una crisis financiera persistente. La Resolución 1033 de 2022 encomienda al ministro la formulación de políticas y la supervisión de recursos, aspectos que los firmantes consideran incumplidos. La decisión sobre el agendamiento de la moción de censura queda pendiente en la Cámara de Representantes.
“La acción de tutela, concebida como mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales, se ha convertido en un instrumento ordinario para obtener medicamentos que el sistema debería suministrar de manera automática, oportuna y continua”.
Firmantes de la solicitud
En el documento, los representantes enfatizan la necesidad de examinar la gestión del ministro y determinar responsabilidades políticas, recordando que la Ley 1751 de 2015 garantiza la disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad en servicios y tecnologías en salud.
“Las declaraciones que minimizan, trasladan la responsabilidad o desconocen el impacto humano de estas fallas debilitan la confianza institucional y afectan la legitimidad de la conducción del sistema”.
Firmantes de la solicitud
“La gravedad de la situación se mide no únicamente en cifras, sino en el impacto real sobre pacientes que ven interrumpidos tratamientos esenciales para su supervivencia o calidad de vida”.
Firmantes de la solicitud
Finalmente, los firmantes concluyen que la permanencia del ministro en el cargo compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, solicitando el pronto agendamiento del debate de moción de censura para que la Cámara determine las responsabilidades a que haya lugar.
