En un duro golpe contra el reclutamiento forzado de menores por parte de bandas criminales, autoridades capturaron a Ángel Antonio De Alba González, un hombre de 25 años, en Malambo, Atlántico, como presunto responsable de amputar tres dedos de una mano a un menor de edad que se negó a unirse al grupo delincuencial conocido como Los Costeños. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2025 en el barrio El Morrito de ese municipio, y la Fiscalía tercera local de Malambo lideró la investigación iniciada desde marzo de 2024, recolectando pruebas que culminaron en la expedición de una orden de captura.
El ataque se perpetró como represalia al rechazo del adolescente por ingresar a la estructura criminal, evidenciando la violencia extrema empleada para cooptar a niños y jóvenes. De Alba González enfrenta imputaciones por lesiones personales, deformidad y perturbación funcional, según determinaron las autoridades tras un minucioso proceso investigativo que permitió su ubicación y detención.
Contexto alarmante de reclutamiento en el Atlántico
Este caso se enmarca en un aumento preocupante del reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas como Los Costeños y Los Pepes en el área metropolitana de Barranquilla. La Alerta Temprana 022 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo advierte sobre la vinculación sistemática de menores, algunos desde los nueve años, en actividades delictivas que incluyen vigilancia, transporte de drogas y armas, microtráfico, hurtos, sicariato y hasta explotación sexual. Entre 2021 y 2024, se registraron 717 aprehensiones de menores por porte ilegal de armas de fuego, 414 por hurto, 169 por hurto calificado, 93 por lesiones personales y 81 por tráfico de estupefacientes, cifras que ilustran la magnitud del problema.
La captura de De Alba González representa una evidencia práctica de estas prácticas reiteradas de violencia, similar a la de otro implicado conocido como alias Trivi, detenido en agosto de 2023. Como medida de protección, se implementaron acciones inmediatas para salvaguardar a la familia de la víctima, subrayando el compromiso de las autoridades con la prevención de estos flagelos en comunidades vulnerables.
