La Asociación Colombiana de Empresas de Mercado y Opinión Pública (ACEI) dirigió una comunicación escrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), específicamente al magistrado Ricardo Quiroz, el pasado 8 de mayo de 2026, solicitando la derogación de la Resolución 1197 de 2026. Esta norma regula las encuestas electorales y ha sido cuestionada por imponer exigencias técnicas desproporcionadas que no están contempladas en la Ley 2494 de 2025, generando un panorama de inseguridad jurídica para las firmas encuestadoras y complicando el ejercicio de evaluación a cargo del CNE.
En su petición, la ACEI argumenta que la resolución incorpora requisitos adicionales como el efecto de diseño de muestras (Deff) y el coeficiente de variación (CVE), los cuales no figuran en la ley y superan incluso los estándares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se estima que las encuestadoras deben documentar cerca de 70 requisitos, lo que podría hacer inviable la medición de opinión pública sin una justificación técnica suficiente. Además, la norma utiliza definiciones del Dane pensadas para encuestas de variables estructurales de lenta variación, como las de pobreza y mercado laboral en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (ECV) de 2018, aplicándolas a fenómenos dinámicos como la intención de voto, sensibles al contexto político, social y comunicacional.
Exigencias que violan legalidad y debido proceso
La Resolución 1197 exige el cálculo del Deff no solo para indicadores principales, como hace el Dane, sino para el diseño general de la muestra y cada indicador publicado, lo que contrasta con las mediciones del Dane limitadas a variables estables. Esta imposición podría afectar encuestas en curso, vulnerando principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al adicionar criterios más allá de lo expresamente previsto en la Ley 2494 de 2025, que solo fija parámetros básicos para las encuestadoras.
«La resolución 1197 incorpora exigencias adicionales».
Asociación Colombiana de Empresas de Mercado y Opinión Pública (ACEI)
«La resolución 1197, al adicionar criterios más allá de los previstos expresamente en la Ley 2494 de 2025, genera un escenario de inseguridad jurídica para las firmas encuestadoras y para el propio ejercicio de evaluación a cargo del CNE».
ACEI
Las encuestas de opinión pública e intención de voto miden fenómenos altamente dinámicos que varían en periodos muy cortos, por lo que la nueva regulación debe evitar requisitos gravosos que no estén previstos en la ley. La ACEI enfatiza que esta situación podría desproporcionadamente complicar el ejercicio de medición sin base técnica adecuada, urgiendo al CNE a revisar la norma para garantizar un marco equilibrado en el análisis electoral colombiano.
