Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, lanzó una dura advertencia este fin de semana a través de su cuenta en la red social X, alertando que Colombia se encuentra a menos de diez días de enfrentar un deterioro económico sin precedentes si no se revoca el impuesto al patrimonio establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, dirigido a personas jurídicas y emitido por el gobierno de Gustavo Petro durante la declarada emergencia económica por la temporada invernal en el Caribe colombiano.
Este decreto, diseñado para recaudar fondos y enfrentar la crisis provocada por las intensas lluvias en la región caribeña, grava el patrimonio corporativo de las empresas, lo que según Gutiérrez generaría un impacto devastador en el tejido productivo del país, castigando precisamente a aquellas compañías que han invertido en territorio nacional y poniendo en riesgo la viabilidad de miles de negocios que no podrían asumir este tributo considerado injusto.
Riesgo de quiebras masivas en el horizonte
La líder gremial enfatizó que esta medida no representa un recaudo eficiente, sino un intento de asfixiar al sector empresarial, con potenciales quiebras en cadena que agravaría la situación económica general en un plazo crítico de menos de diez días, justo cuando el país necesita fortalecer su productividad en medio de las dificultades climáticas que azotan el Caribe colombiano.
“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes”
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional
“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional
La preocupación se centra en el equilibrio entre las necesidades urgentes de financiamiento para la emergencia invernal y la preservación de la salud económica de las empresas, instando a una revisión inmediata del decreto para evitar un colapso que afectaría no solo a los empresarios, sino a miles de empleos y al desarrollo sostenido de Colombia.
