El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá ha admitido una acción de grupo presentada por millones de usuarios afectados contra varias entidades bancarias, por la presunta retención indebida del impuesto al consumo del 4×1000. Esta decisión judicial se produce después de que el plazo para implementar los ajustes tecnológicos y administrativos expirara el 13 de diciembre de 2024, sin que los bancos cumplieran con las obligaciones establecidas en la Ley 2277 de 2022, que dispone la exención automática del gravamen para movimientos mensuales inferiores a 17,4 millones de pesos, equivalentes a 350 unidades de valor tributario en 2025.
Los demandantes argumentan que las entidades financieras no automatizaron el proceso de exención, lo que ha generado cobros improcedentes y pérdidas económicas estimadas en hasta 800.000 pesos anuales por usuario, afectando a millones de personas en todo el país. En el contexto de la recaudación total del sistema financiero, que alcanzó los 9,2 billones de pesos al cierre de 2024 y principios de 2025, esta negligencia representa un impacto significativo para los consumidores, muchos de los cuales dependen de transacciones por debajo del umbral exento.
La exención automática que no se implementó
La Ley 2277 de 2022 modificó el régimen del 4×1000 para establecer una exención automática sin necesidad de trámites adicionales para personas naturales con movimientos mensuales inferiores a 350 unidades de valor tributario. Sin embargo, la acción colectiva, impulsada por denuncias de usuarios, denuncia que los bancos incumplieron esta norma al no realizar los ajustes requeridos, lo que derivó en retenciones indebidas y acumulación de deudas ficticias para los clientes. La demanda busca el reconocimiento de esta negligencia y el pago de indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas.
“Los bancos debían automatizar la exención del 4×1000 y no lo hicieron”
Representantes de los afectados
Este fallo abre la puerta a una batalla legal de gran envergadura en Bogotá, con potenciales repercusiones para el sector financiero nacional. Los afectados esperan que la justicia ordene la devolución de lo cobrado de más y compense los daños, en un contexto donde las pérdidas económicas por estos cobros improcedentes han sido considerables para miles de familias y pequeños ahorradores.
