En una escalada de violencia que ha durado más de una semana, mineros del Bajo Cauca, en municipios como Caucasia, Tarazá, Cáceres, Guarumo y Nechí, han quemado dos camiones, una retroexcavadora y una motocicleta de una empresa reconocida, al tiempo que bloquean carreteras con barricadas y lanzamiento de piedras, impidiendo incluso el paso de ambulancias y autobuses. Estos actos, que incluyen el saqueo de un supermercado en el barrio Asovivienda durante enfrentamientos cerca del Batallón Rifles, ocurren pese a acuerdos iniciales alcanzados con el Gobierno, los cuales han sido desconocidos por la falta de respuesta a sus demandas laborales, principalmente el cese de operaciones de la fuerza pública en la zona.
Los manifestantes, armados, interceptaron los vehículos para prenderles fuego, generando una crisis de movilidad que suspende la circulación vehicular y provoca escasez de bienes básicos y gas en Nechí, dejando comunidades incomunicadas y afectando la cadena logística hacia la costa Caribe. La fuerza pública ha enfrentado estos disturbios, pero la tensión persiste ante la suspensión de compromisos previos en esta protesta minera.
Crisis humanitaria y económica en la región
Los bloqueos no solo han obstaculizado el tránsito de ambulancias, retrasando atención médica urgente, sino que también han paralizado autobuses y generado saqueos oportunistas, como el registrado en el supermercado del barrio Asovivienda. La destrucción de maquinaria pesada y vehículos livianos subraya la frustración de los mineros, quienes exigen soluciones inmediatas del Gobierno a sus reclamos laborales, en un contexto de protestas que inicialmente parecían controladas pero que han derivado en caos generalizado.
Esta situación agrava la ya delicada estabilidad del Bajo Cauca, donde la incomunicación de comunidades y la interrupción del suministro esencial amenazan con prolongar los efectos si no se restablecen los diálogos y se atienden las demandas de los mineros.
