El Consejo de Estado ratificó la destitución de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés por doble militancia política, confirmando el fallo que anuló su elección debido al apoyo que brindó a candidatos de otros partidos durante el proceso electoral. Esta decisión, tomada recientemente, pone fin a un trámite que se inició en abril de 2025 y marca el inicio de investigaciones penales y disciplinarias en su contra, al tiempo que envía copias del expediente a las autoridades competentes para que examinen posibles demoras procesales.
El proceso judicial tuvo un giro temporal en agosto de 2025, cuando una tutela interpuesta por Gallardo suspendió momentáneamente la ejecución del fallo original, argumentando la falta de traducción al criollo de los documentos. Sin embargo, el alto tribunal levantó esa medida y declaró definitiva la destitución, lo que ahora obliga a las autoridades a nombrar un reemplazo en el cargo mientras se resuelven las investigaciones pendientes.
Implicaciones y precedente judicial
La sentencia no solo analiza las responsabilidades por la ralentización del trámite, sino que establece un precedente importante sobre el cumplimiento estricto de las normas de doble militancia y las garantías procesales en territorios con lenguas propias, como el archipiélago de San Andrés. Este fallo refuerza la aplicación de las reglas partidistas en elecciones locales y subraya la necesidad de respetar los derechos lingüísticos en procedimientos administrativos y judiciales.
Con esta ratificación, el Consejo de Estado cierra un capítulo controvertido en la política sanandresana, abriendo la puerta a un nuevo liderazgo en la gobernación mientras las investigaciones penales y disciplinarias avanzan para esclarecer cualquier irregularidad en el manejo del proceso.
